Ocurrió en Tartagal. El galpón municipal está ubicado en la zona del barrio San Silvestre de esa ciudad. La sustracción se habría cometido ente el jueves y el viernes de la semana pasada.
Lo confirmó el director de Tránsito de ese municipio, Rubén Antonio Sardina, en una entrevista con FM Alba. Según sus declaraciones, el robo se habría cometido entre la noche del jueves y la madrugada del viernes y salió a la luz de casualidad.
“Pasadas las 10:30 de la mañana, personal municipal llegó al predio para devolverle su moto a un vecino y notó que los candados del portón de ingreso -y de varios sectores internos- habían sido forzados a palanca. Tras revisar el inventario del depósito, donde hay más de cien unidades guardadas, la Dirección de Tránsito constató que faltaban 20 motos”, precisó el medio citado.
El episodio también dejó al desnudo las falencias del lugar: según reconoció el propio Sardina, el predio no cuenta con cámaras de seguridad ni con personal de vigilancia nocturna. La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal N° 2, que ya dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística de la Policía de Salta. Como resultado de los primeros rastrillajes en distintos barrios, se lograron recuperar siete de las motos robadas y se demoró a dos personas sospechadas de estar vinculadas al hecho.
Más allá de lo penal, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: la responsabilidad legal del Estado municipal por los bienes que quedan bajo su custodia. Cuando la Comuna secuestra un vehículo por una infracción de tránsito, se convierte automáticamente en depositaria de ese bien, y la ley la obliga a resguardarlo con el mismo cuidado que le exigiría a cualquier particular.
En ese sentido, Sardina fue categórico: al tratarse de bienes bajo guarda oficial, es el Municipio el que debe responder patrimonialmente ante cualquier faltante o daño. El funcionario buscó llevar tranquilidad a los damnificados al asegurar que, una vez que regularicen su situación ante el Tribunal de Faltas, la Comuna se hará cargo de resarcir a quienes hayan sufrido la pérdida o el deterioro de sus rodados. El municipio podría enfrentar demandas por daños y perjuicios. Por lo pronto debe explicar cómo un predio oficial de resguardo quedó tan desprotegido.