Es lo que indica un informe titulado “Territorio y bienes comunes en disputa: extractivismo y extranjerización en la Argentina”. El mismo fue publicado en marzo por El Observatorio de Tierras.
El informe advirtió que, mientras a nivel nacional cerca del 5% de la superficie rural argentina está en manos extranjeras, ese porcentaje se dispara en zonas donde se concentran recursos estratégicos. “Salta aparece entre las provincias con mayor incidencia: según el listado de departamentos que exceden el límite fijado por la Ley de Tierras (25.737)”, destaca en su edición de hoy la sección local del diario Página 12.
San Carlos encabeza el ranking provincial con el 60% de su superficie rural extranjerizada, seguido por Molinos con el 58%, Guachipas con el 34%, General Güemes con el 29%, La Viña con el 28%, Cerrillos con el 25%, Orán y Cafayate, ambos con el 23%, y Chicoana con el 16%.
El informe se detiene particularmente en San Carlos, donde ubica una zona con glaciares de escombros —clave para la regulación de las cuencas hídricas de los valles intermontanos—, cuatro proyectos mineros previstos. Esos glaciares limitan con el departamento Cafayate, que —según el informe— presenta cerca del 23% de su superficie extranjerizada.
Para el Observatorio, la extranjerización de la tierra “no puede pensarse únicamente como un fenómeno económico o inmobiliario”, sino como parte de procesos más amplios de apropiación de recursos estratégicos potenciados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) creado por la Ley 27.742 en 2024.
El documento concluye que en los territorios analizados converge un mismo patrón: donde se concentran bienes comunes críticos como el agua avanzan de manera simultánea los proyectos extractivos, los capitales transnacionales y la concentración de la tierra, en desmedro de las comunidades indígenas y campesinas preexistentes.