El rector Miguel Nina dijo que se analiza aplicar la medida para extranjeros sin residencia permanente. «Choca con la Constitución, la Ley de Migraciones y el Estatuto de la UNSa», declaró el abogado Sebastián Aguirre Astigueta.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Salta por el libertario Alejandro Esper para cobrar aranceles la educación superior a estudiantes extranjeros sin residencia fue impugnada por el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta.
Según el letrado, el proyecto presenta inconsistencias legales que impiden su aplicación, especialmente en la UNSa. «No puede ser una normativa de aplicación en la Universidad Nacional de Salta», afirmó el especialista que también fue secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa y participó de la Asamblea Universitaria de 2022. “El Estatuto de la universidad garantiza la gratuidad de los estudios de grado sin ningún tipo de discriminación o distinción», por lo que una ley provincial no puede modificar ese régimen.
«Llama la atención esta cuestión en donde se cree que con un simple proyecto de ley provincial se puede avanzar sobre otras normas que claramente son de aplicación específica y no la ley provincial», agregó.
Además de explicar que la Legislatura salteña carece de facultades para legislar sobre el funcionamiento de una Universidad Nacional, Astigueta remarcó que el proyecto también se enfrenta a normas de jerarquía superior. «No solamente está el Estatuto de la UNSa. Está también la Ley de Migraciones, la Constitución Nacional, la Constitución de Salta y tratados internacionales que protegen a los extranjeros», afirmó al sitio El Analista Salta.
Según explicó, tanto en la UBA como en la UNSa los estudiantes extranjeros necesitan contar con Documento Nacional de Identidad para cursar y graduarse. «Para continuar los estudios de grado hay que ser residente porque se tiene que contar con DNI. Solamente se inscribe extranjero con DNI y luego el título solamente se entrega con el mismo». Por ello sostuvo que el universo de estudiantes extranjeros no residentes que pretende alcanzar el proyecto sería mínimo. «Necesariamente el que esté en el sistema de educación de gestión estatal va a regularizar su residencia porque así lo manda la Ley de Migraciones».
En ese marco, el abogado consideró que el proyecto tiene un fuerte componente político y escasa viabilidad jurídica. «Me parece que es más fútbol para la tribuna libertaria, humo para la xenofobia, pero en realidad tiene poca concreción práctica». También cuestionó el eventual impacto económico. «¿Cuánto aportaría un extranjero no residente tomando esos cursos? No movería para nada el amperímetro en el sostenimiento del sistema educativo».