La fiscal María Luján Sodero Calvet formalizó la investigación penal contra efectivos de la Comisaría Nº 7 de Campo Quijano. Los diez imputados incluyen al jefe de la dependencia y enfrentan cargos por falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
La víctima, Natalia Marilín Cruz, contaba con una orden judicial que disponía una consigna policial fija como medida de protección ante violencia de género. Según la investigación, la custodia no fue implementada pese al conocimiento del personal policial de la disposición judicial, y posteriormente se confeccionó un informe policial con datos presuntamente falsos.
La Procuración General resolvió conformar una Unidad Fiscal integrada por la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) y la Fiscalía de Derechos Humanos. El femicidio de Natalia Marilín Cruz ocurrió en febrero de 2026 en la localidad de Campo Quijano, como señaló El Tribuno en su cobertura de los hechos.
Al jefe de la dependencia se le atribuye haber promovido la confección e incorporación de un informe policial con contenido presuntamente falso y haber omitido garantizar el cumplimiento de la consigna ordenada. Al jefe de Guardia se le imputa haber dispuesto la confección del informe y haber omitido implementar o supervisar la medida judicial.
Un suboficial y un oficial fueron imputados como autores del delito de falsedad ideológica. Al suboficial se le atribuye haber confeccionado y firmado el informe en el que se consignó que la consigna policial había sido implantada cuando, según la investigación, esto no ocurrió. Al oficial se le imputa haber transmitido la orden y participado en la elaboración del documento.
Cuatro efectivos mujeres y uno masculino fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por haber omitido adoptar medidas para efectivizar la consigna o informar a la autoridad judicial sobre su imposibilidad de cumplimiento. Las fiscales María Luján Sodero Calvet y Claudia Geria sostuvieron que la investigación detectó irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, con incumplimientos de protocolos y deficiencias en controles internos.