Norte salteño | El intendente de Tartagal denunció a dirigentes sociales por amenazas y extorsión

Franco Hernández Berni presentó una denuncia penal contra cinco líderes de organizaciones que lo habrían amenazado durante una reunión para negociar obras públicas. Los denunciados habrían advertido sobre medidas de fuerza que incluían cortes de ruta y tomas de edificios municipales.

La denuncia fue presentada este martes tras el encuentro realizado el 15 de julio en un estudio jurídico que funcionó como espacio de mediación. Según la presentación judicial, los dirigentes incumplieron los acuerdos de diálogo y escalaron el tono hacia la coerción.

El municipio identificó como denunciados a Cristian Jesús Fernández, Cristian Eduardo Fernández, Gustavo Fernández, Marcelo Constanzo y Héctor Godoy. Según el escrito presentado ante la Justicia, el encuentro convocó al intendente, funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Salta alrededor de las 14 horas.

Municipalidad de Salta

«Vinieron a extorsionarme: si no les daba obras, amenazaban con cortar la ruta, tomar el Municipio e ir al Grand Bourg. Eso conmigo no va. Me mantuve firme, actué dentro de la ley y presentamos la denuncia ante la Justicia», indicó Hernández Berni al dar a conocer la documentación. Las organizaciones sociales reclamaban asignación de obras para cooperativas tras realizar cortes de la Ruta Nacional 34 y mantener un asentamiento frente al edificio municipal, como señaló El Tribuno.

Las autoridades municipales habían explicado durante la reunión la falta de disponibilidad presupuestaria para nuevas obras, aunque ofrecieron alternativas laborales que fueron rechazadas por los representantes. La denuncia sostiene que las amenazas incluían un corte de la Ruta Nacional 34, la toma del edificio municipal y una protesta en la sede del Gobierno provincial ubicada en el Centro Cívico Grand Bourg.

El asesor legal de la comuna solicitó a la Justicia medidas preventivas para resguardar la seguridad del intendente y su grupo familiar. La presentación ofrece como prueba la grabación completa de la reunión, registrada con consentimiento previo de los participantes, además de testimonios de funcionarios y efectivos policiales presentes en el encuentro.

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