Se trata de la magistrada María Victoria Mosmann. El proceso había sido iniciado por la Asociación gremial de abogados y abogadas de la República Argentina en contra del Servicio Penitenciario de la provincia.
En el día de la fecha se homologó el acuerdo celebrado por las partes en el caso “Asociación gremial de abogados y abogadas de la República Argentina y otros vs. Servicio Penitenciario de la provincia de salta – Habeas Corpus Colectivo y Correctivo”, en trámite ante el Juzgado de Minas de Salta a cargo de la jueza María Victoria Mosmann, expresó la justicia salteña en un comunicado.
“El habeas corpus correctivo no busca la libertad de la persona, sino corregir un agravamiento ilegítimo de las condiciones en que se cumple la detención. Sirve, por ejemplo, cuando la cárcel maltrata, hacina o —como acá— pone palos en la rueda al derecho a educarse”, preciso el sitio Derecho en Zapatillas. “Y cuando ese problema no afecta a una sola persona sino a todo un grupo que está en la misma situación, entra en juego el habeas corpus colectivo. En la Argentina esto tiene un antecedente clave: el fallo Verbitsky de la Corte Suprema (2005), que abrió la puerta a discutir de forma colectiva las condiciones de detención”, agregó el medio citado
Hecha la aclaración, se informó que el 16 de julio de 2026, la jueza María Victoria Mosmann dictó sentencia en un expediente con un nombre largo pero un objeto muy concreto: que las personas presas que estudian en la universidad puedan hacerlo de verdad, y no a los tropezones.
El caso lo impulsó la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta ante los problemas que venían sufriendo los internos-estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) alojados en las Unidades 1, 4, 6 y 7: traslados que llegaban tarde (o no llegaban) para rendir exámenes, impedimentos para entrar y quedarse en el aula universitaria, aulas que directamente no existían en algunas unidades, un horario más recortado para las mujeres de la Unidad 4 y cero actividad académica durante el verano. Traducido: el Estado reconocía el derecho a estudiar en el papel, pero en la práctica lo hacía cuesta arriba.
En lugar de una sentencia que ordenara desde arriba, las partes se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo. La jueza lo revisó con lupa y lo homologó con carácter de cosa juzgada. O sea: ahora es obligatorio y firme.