En un comunicado, la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas hace un balance de las acciones llevadas desde el 12 de junio, cuando se ejecutó el violento procedimiento.
La Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas hace un balance de las acciones llevadas adelante desde el 12 de junio, cuando se ejecutó el violento e ilegal desalojo que desencadenó una de las mayores movilizaciones en defensa del territorio indígena registradas en la provincia de Salta en los últimos años.
Compartimos el comunicado completo:
12 de junio: el desalojo
El 12 de junio, la jueza María Fernanda Diez Barrantes ordenó y ejecutó el desalojo de la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas en la localidad de Cachi. El operativo afectó a sesenta personas —entre ellas niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores en situaciones críticas de salud— que nunca fueron demandadas, citadas ni escuchadas en el proceso judicial. La sentencia original solo ordenaba desalojar a una persona de una fracción de 4 hectáreas de rastrojo sin construcciones, pero el oficio de lanzamiento fue extendido arbitrariamente a la totalidad de un catastro de alrededor de 40 hectáreas que incluye viviendas, zonas productivas, acequias y ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, en territorios comunitarios reconocidos mediante resolución ministerial por el Estado y relevados por la Ley 26.160. Las familias no fueron notificadas previamente, no se respetaron los tiempos administrativos, no se hizo lugar a las presentaciones realizadas por las comunidades y se negó la intervención a los organismos competentes en materia indígena. Desde ese día, la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas declaró la Asamblea Permanente y no ha dejado de movilizarse.
15 de junio: primera marcha en Cachi
El lunes 15 de junio, autoridades comunitarias del Pueblo Diaguita Kallchakí, miembros de la comunidad, hermanos y hermanas de otras comunidades, familias de Cachi y vecinos autoconvocados realizaron la primera marcha hasta el puente de ingreso al pueblo y una concentración en la plaza principal de la localidad. Las consignas estuvieron centradas en el pedido de nulidad del procedimiento que derivó en la orden de desalojo, responsabilizando por la gravedad de los hechos a la jueza Diez Barrantes, al juez de Paz de Cachi Rafael Nicasio Mamani y a la comisaria Karina Ruiz, y exigiendo justicia para todas las familias
desalojadas.
23 de junio: segunda marcha, pedido de nulidad y repudio unánime de la Cámara de Diputados
El martes 23 de junio fue una jornada de particular intensidad. El equipo jurídico de la comunidad presentó ante la justicia un pedido de nulidad absoluta del lanzamiento, fundamentado en la ausencia de título judicial que legitimara el operativo y en el exceso manifiesto en su ejecución. Al mismo tiempo, la comunidad realizó una segunda marcha en Cachi, con consignas centradas en el pedido de justicia para las familias desalojadas y en la exigencia de renuncia de la jueza Diez Barrantes y del juez de paz Rafael Mamani.
En simultáneo, mientras la movilización tenía lugar en las calles, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta aprobó por unanimidad una Declaración repudiando el procedimiento por el cual se ejecutó el desalojo de la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas, estableciendo que el mismo estuvo plagado de irregularidades y arbitrariedades y que en su ejecución se vulneraron garantías constitucionales básicas. En la misma sesión, también por unanimidad, se aprobó un pedido de informes al entonces Ministro de Seguridad, Dr. Gaspar Sola Usandivaras, por el desmedido operativo policial desplegado durante el desalojo.
24 de junio: la jueza rechaza la nulidad
Al día siguiente, la jueza María Fernanda Diez Barrantes rechazó el pedido de nulidad presentado por la abogada de la comunidad, cerrando esa vía procesal sin atender los argumentos planteados.
25 de junio: movilización provincial, audiencia en el Senado y proyecto de emergencia territorial
El jueves 25 de junio, la comunidad se movilizó a la ciudad de Salta, donde concretó una audiencia con el presidente de la Cámara de Senadores y legisladores de la provincia. En esa reunión, los senadores se comprometieron a dar tratamiento al proyecto de emergencia territorial reclamado por el Pueblo Diaguita. Por la tarde, una multitudinaria movilización llegó hasta la Plaza de la Legislatura, con la participación de comunidades indígenas, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, y ciudadanos autoconvocados. Durante esa jornada se ingresó formalmente a la Cámara de
Senadores el proyecto de emergencia territorial.
Durante el regreso a Cachi, llegó una noticia que marcó un punto de inflexión en el conflicto: la propia jueza Diez Barrantes emitió la orden de restitución de la posesión a varios integrantes de la comunidad.
26 de junio: la restitución se hace efectiva
El Juez de Paz de Seclantás, Mario Alberto Pérez, se hizo presente en el territorio y notificó a Dante Guzmán, René Fabián, Leoncio Fabián y Obalio Cruz el restablecimiento efectivo de su posesión, dando cumplimiento a la orden judicial. Durante su recorrido por la comunidad, el magistrado dejó constancia de los daños ocasionados el 12 de junio, registro que constituye un elemento de prueba relevante de cara a los reclamos por las responsabilidades aún pendientes. La resistencia colectiva comenzó a dar resultados concretos.
30 de junio: presentación del Jury contra la jueza
El 30 de junio, la comunidad presentó formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento la solicitud de apertura del proceso contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes, con pedido de suspensión provisional y destitución por las causales de mal desempeño y falta grave en el ejercicio de sus funciones.
El 7 de julio, el Jurado aceptó la denuncia, dando inicio formal al proceso destinado a dilucidar la responsabilidad judicial de la Dra. Diez Barrantes en el ilegal desalojo. Este paso representa un avance central en la búsqueda de justicia por lo ocurrido el 12 de junio.
Desplazamiento del Ministro de Seguridad
Con posterioridad al desalojo ilegal y al pedido de informes cursado desde la Cámara de Diputados, el entonces Ministro de Seguridad Dr. Gaspar Sola Usandivaras fue reemplazado por Nicolás Avellaneda y reubicado bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Asesoría de Incapaces. La comunidad aguarda aún una respuesta respecto del accionar policial desplegado durante el desalojo, que dependía de sus directivas.
Avances legislativos: proyectos en tratamiento
El proyecto de emergencia territorial ingresado a la Cámara de Senadores se encuentra actualmente en comisión, donde será enriquecido con los aportes de los distintos actores intervinientes. En paralelo, el 7 de julio se dio formalmente ingreso en la Cámara de Diputados a un proyecto para prorrogar los plazos de suspensión de desalojos hacia pequeños productores. La comunidad sigue de cerca ambos procesos y confía en que derivarán en herramientas legislativas concretas para la protección de los territorios indígenas de la provincia.
Situación actual: asamblea permanente hasta la restitución integral
A la fecha, la restitución de las 4 hectáreas que quedaron fuera del proceso sigue siendo una deuda pendiente. La Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas ratifica que la Asamblea Permanente continuará hasta que se haga efectiva la restitución de Agustín Mamani y de la totalidad del territorio. La reparación plena no admite soluciones parciales.