Mediante una carta abierta titulada “La tierra: madre, hermana y bien común”, remitida a los legisladores, las autoridades eclesiásticas advirtieron de los peligros del proyecto que impulsa Federico Sturzenegger. Los números de nuestra provincia sirven de ejemplo.
El texto firmado por Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen; afirma sin rodeos que la iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.
Son varios los puntos que la carta cuestiona de ese proyecto que modifica leyes claves, pero pone especial énfasis en la relacionada a la eliminación de las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas—, “y en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”. La ley actual fija que los inversores privados extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal. El proyecto de Sturzenegger deroga ese límite y solo mantiene restricciones para los Estados extranjeros.
En ese marco, Salta suele ser ejemplo de tierras rurales extranjerizadas. El proceso comenzó en los 2000 con el boom internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros. Fue en ese contexto que, en 2011, el Congreso sancionó la ley 26.737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras.
Ese límite es el que ahora el Gobierno quiere eliminar con el apoyo de los gobernadores aliados. El proyecto impacta en provincias como la nuestra. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales —creado por la Ley de Tierras de 2011, que ahora el gobierno busca vaciar de contenido— Salta encabeza el ranking provincial de extranjerización. En el departamento de San Carlos, el 60% del territorio está en manos de propietarios del exterior; en Molinos, el 58%. Ninguna otra provincia concentra tantos municipios por encima del cupo que se había establecido durante el gobierno de CFK.
El suelo salteño ya alberga a algunos de los mayores terratenientes extranjeros del país. La empresa china High Luck Group opera concesiones petroleras en la zona de Tartagal con 300.000 hectáreas registradas. Los hermanos texanos Paul y David Gabel controlan más de 150.000 hectáreas en General Pizarro dedicadas a soja, trigo y ganadería bovina. La francesa Eramet avanza sobre 50.000 hectáreas en la puna para explotar litio, con una inversión anunciada de 400 millones de dólares.
Volviendo a la carta redactada por la Iglesia para oponerse a la iniciativa libertaria, la misma recurrió a la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León para sostener su posición: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones”. Y cita también a Juan Pablo II: “No es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”.