El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Aguirre, denunció una maniobra de «censura institucional» tras recibir una carta documento de la intendente Rita Guevara. El conflicto se extendió a trabajadores municipales intimados por publicaciones en redes sociales.
El presidente del Concejo Deliberante de Cafayate, Mauricio Aguirre, denunció públicamente que la intendente Rita Guevara le envió una carta documento como respuesta a sus declaraciones sobre el manejo de fondos públicos y la organización de la Serenata. La conferencia de prensa se realizó en el recinto deliberativo con el respaldo de concejales en ejercicio y exediles. «Es una maniobra que busca silenciar a los representantes para que dejemos de opinar y de preguntar», sostuvo Aguirre, quien también afirmó que «el honor y la transparencia de una gestión no se defienden persiguiendo concejales, sino rindiendo cuentas de cara al pueblo».
El edil reclamó que el Ejecutivo municipal presente la documentación vinculada a la Serenata y aclaró que sus cuestionamientos apuntaron al control de los recursos públicos. «Si alguien se sintió tocado en su moral personal, pido disculpas, pero los concejales no nos debemos callar», señaló.
El exconcejal Gabriel Meisner recordó, según publica Nuevo Diario, las investigaciones impulsadas sobre las ediciones 2024 y 2025 de la Serenata y defendió las garantías constitucionales de los legisladores. «Ningún concejal puede ser perseguido por los dichos que manifieste cuando existe un interés público, y el balance de la Serenata claramente lo tiene», expresó. En la misma línea, la concejal Romina Mamaní Cabeza cuestionó la judicialización de las diferencias políticas e invocó el Artículo 34 de la Carta Orgánica Municipal, que prohíbe perseguir judicialmente a funcionarios elegidos por el voto popular por opiniones emitidas en ejercicio de sus funciones.
La tensión se extendió más allá del Concejo: los legisladores confirmaron que trabajadores municipales también habrían recibido cartas documento por publicaciones en redes sociales. Una empleada municipal fue intimada a retractarse en un plazo de cinco días mediante un escrito que, advirtieron los ediles, podría implicar una irregularidad administrativa, ya que las notificaciones aparentarían formar parte de un sumario. Ante esa situación, desde el Concejo recomendaron a los trabajadores buscar asesoramiento legal de manera inmediata.
Al cierre de la conferencia, Aguirre llamó a reducir la confrontación y convocó al diálogo institucional. «La intendente tiene derecho a convocar reuniones y discutir cara a cara. Dejémonos de los TikTok de chicaneo. Hoy el pueblo espera resultados», concluyó.