El juez Lijo también ordenó revisar las comunicaciones del periodista Marcelo Gandio, amigo del funcionario que tiene contratos con la TV Pública. La causa investiga si los gastos del jefe de Gabinete superan sus ingresos desde que asumió en el gobierno de Milei.
El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de la investigación judicial que apunta a determinar el origen de los fondos con los que el funcionario financió viajes al exterior y la compra de propiedades. La medida, dispuesta en marzo, busca establecer si los gastos y deudas que registra Adorni son compatibles con los sueldos que cobró primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.
El magistrado también instruyó la revisión de las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Gandio, con quien Adorni viajó en avión privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. La indagación abarca tanto los contactos entre Gandio y el funcionario como los que el primero mantuvo con Horacio Silva, quien figura como titular de la productora ImHouse, empresa que cerró contratos con la Televisión Pública —organismo que depende de la Jefatura de Gabinete. La medida será implementada por la DAJUDECO y apunta a investigar posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
En forma paralela, el fiscal Gerardo Pollicita tomó declaración este miércoles a Leandro Miano, empresario inmobiliario de 44 años e hijo de Claudia Sbabo, una de las dos jubiladas que le vendieron a Adorni un departamento en el barrio porteño de Caballito. Miano llegó a los tribunales federales de Comodoro Py a las 8.45 y se retiró alrededor de las 10.40.
El testigo es socio en una desarrolladora inmobiliaria de Pablo Martín Feijoo, hijo de Alicia Viegas, la otra jubilada involucrada en la operación. Feijoo, de 36 años, ya había prestado testimonio previamente y declaró que conocía a Adorni porque sus hijos asisten al mismo colegio; también relató que el entonces vocero acordó de palabra abonar 65.000 dólares adicionales por fuera de la escritura de compraventa. Adorni aún les adeuda a ambas vendedoras 200.000 dólares.
Según informó Tiempo Argentino, la causa acumula también el testimonio del contratista Matías Tabar, quien declaró el lunes que las refacciones del inmueble que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, tuvieron un costo de 245.000 dólares, pagados en efectivo y sin factura. La investigación tiene en cuenta que todas estas operaciones se habrían concretado desde que el funcionario ingresó al Gobierno Nacional.
A través de declaraciones de testigos que aportaron facturas y comprobantes, la justicia determinó que tanto los viajes al exterior como la adquisición de las dos propiedades —el departamento en Caballito y el lote en Indio Cuá— se produjeron durante la gestión de Adorni en el Estado. La causa continúa su curso en el juzgado de Lijo.