Referentes de 52 asentamientos de la capital salteña alertan por la paralización de obras básicas y el riesgo de perder la protección legal que ampara a sus familias. Más de 120 mil personas podrían verse afectadas en toda la provincia.
La posible modificación de la Ley 27.453 generó alarma entre los habitantes de los barrios populares de Salta. Dina Guaymás, referente del barrio Tinkunaku e integrante de la Mesa de Barrios Populares de Salta Capital, advirtió que el cambio normativo dejaría sin financiamiento los procesos de urbanización y regularización de tierras que están en curso.
«Nos pone con mucha angustia, con mucha preocupación, porque nos volvería a llevar a la invisibilización», declaró Guaymás en diálogo con Radio Salta. La ley vigente, sancionada en 2018, declara de interés público la integración urbana de los asentamientos registrados en el RENABAP, suspende desalojos y promueve el acceso a servicios básicos y títulos de propiedad.
Uno de los reclamos centrales es la detención de obras de infraestructura. En Tinkunaku, el proyecto de cloacas estaba planificado pero quedó paralizado. «Estamos en proceso de regularización, pero el proyecto de cloacas quedó frenado», señaló la referente, quien precisó que en la capital hay 52 barrios populares y 354 en toda la provincia.
La preocupación se extiende a las familias que residen en terrenos de propiedad privada. Guaymás advirtió que la reforma legal facilitaría los desalojos: «Quieren modificar la ley para que la parte privada nos desaloje». Indicó que en muchos casos se trata de tierras ocupadas desde hace décadas: «Son terrenos que estamos usando hace 30 o 40 años, eran espacios abandonados». En localidades del interior ya hay antecedentes concretos, con notificaciones en Santa Rosa y trámites de desalojo iniciados por un propietario en Salvador Mazza.
Según informó El Tribuno, la situación económica de los vecinos agrava el panorama. «Nuestros trabajos son informales, no llegamos a pagar un alquiler», sostuvo Guaymás, quien describió una realidad extendida en los asentamientos: «Tenemos un ingreso bajísimo, entonces no llegamos».
Desde la Mesa de Barrios Populares exigen la apertura de un espacio de diálogo institucional. «Pedimos que se arme una mesa de trabajo con Provincia y Municipalidad para analizar, evaluar y que escuchen nuestras propuestas», afirmó Guaymás. Indicó que ya hubo un compromiso de reuniones con el municipio que no se concretaron en un año. Mientras el proyecto avanza en el Congreso, los referentes barriales buscan anticiparse: «Queremos estar preparados, con propuestas, para ver cómo seguimos y llegar a una solución», concluyó.