El proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” es el nuevo fetiche de Federico Sturzenegger. La medida golpea más a nuestra provincia en donde el 60% del suelo de algunos departamentos ya no pertenece a argentinos.
Para algunos analistas, la iniciativa forma parte – junto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones y las modificaciones de la Ley de Glaciares – de un nuevo plexo normativo que habilita el saqueo.
Esos análisis advierten que por medio de ocho artículos del Capitulo IV (del 28 al 35), el proyecto suprime por completo toda restricción y condicionamiento al capital extranjero, de personas físicas o jurídicas, para adquirir tierras rurales sin límites de extensión, y solo “regula” (ni prohíbe ni limita) las compras de estados extranjeros de forma directa o indirecta a través de organismos públicos o sociedades en las que mantenga participación y voto. Al respecto, literalmente define en el artículo 31: “La reglamentación establecerá un procedimiento con el objeto de autorizar o rechazar esas operaciones”.
El proyecto impacta en provincias como la nuestra. Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales —creado por la Ley de Tierras de 2011, que ahora el gobierno busca vaciar de contenido— Salta encabeza el ranking provincial de extranjerización. En el departamento de San Carlos, el 60% del territorio está en manos de propietarios del exterior; en Molinos, el 58%. Ninguna otra provincia concentra tantos municipios por encima del cupo que se había establecido durante el gobierno de CFK.
El suelo salteño ya alberga a algunos de los mayores terratenientes extranjeros del país. La empresa china High Luck Group opera concesiones petroleras en la zona de Tartagal con 300.000 hectáreas registradas. Los hermanos texanos Paul y David Gabel controlan más de 150.000 hectáreas en General Pizarro dedicadas a soja, trigo y ganadería bovina. La francesa Eramet avanza sobre 50.000 hectáreas en la puna para explotar litio, con una inversión anunciada de 400 millones de dólares.
El proyecto que impulsa el Ministro de Desregulación del gobierno nacional no es el primer intento en esa dirección. A fines de 2023, un decreto de necesidad y urgencia del propio Milei intentó derogar directamente la Ley de Tierras, pero la Justicia lo frenó. La nueva estrategia apuesta a la vía parlamentaria para lograr lo que el DNU no pudo. Si el proyecto avanza, Salta enfrentará una profundización de un proceso que lleva décadas: el traspaso de su suelo —con petróleo, litio, agua y tierras agrícolas— a manos de empresas y capitales que tributan, deciden y residen fuera de la provincia y del país.