José Figueroa fue condenado hoy por el atroz crimen de 2023. La Asesora de Incapaces 9 reclamó reparación económica, prohibición de contacto y privación de la responsabilidad parental para con los tres hijos que tuvo con su pareja asesinada.
Un tribunal condenó este jueves a José Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, ubicado en el límite entre la ciudad de Salta y San Lorenzo. En el marco del juicio, la Asesora de Incapaces 9, Martha Bustos, centró sus alegatos en el impacto que el crimen tuvo y tendrá en la vida de los tres hijos de la víctima, quienes tenían 4, 9 y 13 años al momento del hecho.
Bustos sostuvo que los niños son «víctimas invisibles» del femicidio y que su padre «los objetivó y los usó como instrumento» contra su madre, en particular al hijo mayor, quien fue víctima de manipulación emocional. Señaló que Figueroa «condenó a sus hijos a una infancia marcada por dolor, vacío y estigma».
La funcionaria advirtió que el daño no se limita al hecho en sí. «El daño no es único, es permanente y se va a reiterar constantemente a lo largo de sus vidas», afirmó, y precisó que se repetirá «en cada cumpleaños, Día de la Madre y acto escolar» en que los niños recuerden la ausencia de su madre. Describió la situación de sus asistidos como una «doble orfandad»: perdieron a su madre a manos de su propio padre, lo que agrava el trauma y complejiza el duelo.
Bustos reclamó que la sentencia vaya más allá de la condena penal. «No se trata sólo de resolver en términos penales sino de reparación y protección estatal para estos niños», sostuvo, y añadió que el tribunal tiene «la oportunidad de enviar un mensaje claro: que la violencia de género no será tolerada». Requirió además que se preserve la identidad de los menores en la sentencia y que se los mencione solo por sus iniciales.
Entre las medidas solicitadas, la Asesora pidió que se ordene la prohibición de contacto entre Figueroa y sus hijos, que se inscriba en el Registro Civil la privación de su responsabilidad parental y que se libre oficio a ANSES para que los tres niños accedan de forma retroactiva al beneficio de la «Ley Brisa», que otorga apoyo económico a hijos de víctimas de femicidio. También adhirió al pedido de reparación económica por daño material y moral formulado por la Fiscalía.
Bustos fundamentó su intervención en el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y en la ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, con el objetivo de dar voz a los niños ante el tribunal. «Si bien la justicia no les devolverá a su madre, sí puede honrar su memoria y asegurar que sus hijos crecerán sabiendo que la verdad fue defendida», concluyó.