La modificación transfirió a las provincias la decisión sobre la minería en alta montaña. Ambientalistas y vecinos articulan acciones de resistencia y exigen que los funcionarios locales se pronuncien.
La reciente modificación a la ley nacional de protección de glaciares y zonas periglaciales desató una oleada de críticas en la región. La norma, que estuvo vigente más de catorce años, fue reformada para delegar en las provincias la potestad de decidir sobre la explotación minera en áreas de alta montaña, lo que activó las alarmas de organizaciones ambientales y comunidades del Valle Calchaquí.
El artista plástico y referente ambiental Sacha Haro Galli advirtió que la legislación original no solo protegía a los glaciares propiamente dichos, sino también a los denominados ambientes periglaciares, formaciones menos visibles pero decisivas para el abastecimiento de agua. «En Salta hay más de 600 ambientes periglaciares y son los que justamente nos proveen de agua todo el año», señaló.
Para Haro Galli, la descentralización de la norma funciona como una habilitación encubierta para que empresas extractivistas operen sin restricciones de fondo. Citó como antecedentes el caso de Santa Cruz, donde la justicia suspendió temporalmente la aplicación de la nueva reglamentación tras un amparo, y el de Andalgalá, en Catamarca, donde más de ochocientas marchas ciudadanas derivaron en millonarias multas a una firma extranjera por derrames tóxicos.
Sobre el trasfondo político y financiero de la reforma, el referente fue directo: «Lamentablemente desde el gobierno nacional usan ese tipo de extorsión, estrategias de ahogar a las provincias y a los habitantes». Cuestionó que se entregue el patrimonio natural como moneda de cambio por alivios fiscales, mientras se recortan partidas para bomberos voluntarios o personas con discapacidad y se sostienen gastos considerados superfluos.
Distintas organizaciones ya comenzaron a articular respuestas colectivas. Se impulsan asambleas, foros virtuales y una petición digital que busca reunir al menos un millón de firmas para frenar la actividad minera en cumbres como el Nevado de Cachi y el Nevado del Chucha. En el plano local, vecinos autoconvocados se reúnen cada viernes en la plaza principal para coordinar estrategias.
Según informó Radio Cafayate, el ambientalista cerró con un llamado directo a legisladores, intendentes y concejales de su departamento: «Es ahora el momento en el que ellos tienen que pronunciarse, deberían estar escuchando las necesidades del pueblo y de los sectores productivos turísticos». Reclamó que los funcionarios asuman su responsabilidad institucional frente al avance extractivista sobre los recursos hídricos de la región.