La declaración impulsada por Eduardo “Wado” de Pedro fue acompañada por varios bloques que reafirmaron el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia. Emilia Orozco y Guzmán Coraita no lo hicieron.
Como lo informáramos la semana pasada, el senador “Wado” De Pedro propuso tratar sobre tablas un proyecto de declaración condenando el golpe militar de 1976. En ese momento, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, dijo que acompañarían el texto si lo modificaban. Como su iniciativa no prosperó ni entre sus aliados, Bullrich alentó a los integrantes de su bloque a dejar el recinto. Al ver que tampoco sus aliados la seguían, retrocedió sobre sus pasos. Los libertarios optaron entonces por abstenerse en la votación del proyecto. La conducta incluyó a los representantes de La Libertad Avanza de Salta: Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita.
El texto aprobado declara el compromiso del Senado con el consenso democrático construido por la sociedad argentina desde 1983. “El principio de Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables para la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia”.
En los fundamentos, los senadores recuerdan que el golpe de 1976 interrumpió el orden constitucional, disolvió el Congreso, prohibió la actividad política, sindical y estudiantil, censuró la prensa y aplicó un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura, desaparición forzada y asesinato de miles de argentinos y argentinas. El proyecto señala de manera expresa que el terrorismo de Estado dejó como saldo “treinta mil personas desaparecidas”, además de la apropiación de niños nacidos en cautiverio, miles de personas detenidas por razones políticas y cerca de medio millón de exiliados.
La resolución pone en valor el camino recorrido por la democracia argentina desde 1983, destacando el Juicio a las Juntas, el informe de la CONADEP y la posterior reapertura de los procesos judiciales tras la anulación de las leyes de impunidad. En ese marco, se resalta que la Argentina desarrolló una experiencia prácticamente inédita a nivel internacional, al investigar y juzgar los crímenes de la dictadura “a través de la justicia ordinaria y dentro del propio sistema institucional del Estado de Derecho”.
El texto también reivindica el rol de los organismos de derechos humanos y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como de amplios sectores de la sociedad civil, que sostuvieron la lucha por la memoria y la justicia incluso en los años en que prevaleció la impunidad. Ese proceso, señala el proyecto, permitió que la Argentina sea hoy una referencia mundial en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad.
Asimismo, la declaración subraya la necesidad de transmitir la memoria histórica a las nuevas generaciones y advierte sobre los riesgos de los discursos que relativizan o niegan el terrorismo de Estado. En ese sentido, reafirma un principio central del sistema democrático: “en democracia el adversario político nunca es un enemigo”, y sostiene que los conflictos deben resolverse con más debate y participación, nunca con violencia.
Finalmente, el Senado expresa que conmemorar los cincuenta años del golpe implica sostener la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y renovar el compromiso de que esos hechos no vuelvan a repetirse “Nunca Más”, reafirmando que la Memoria, la Verdad y la Justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos son pilares irrenunciables de la vida democrática argentina.