Un ingeniero especialista en puertos radicó una presentación ante la Procuración de Investigaciones Administrativas y pidió suspender la apertura de sobres prevista para este jueves 27 de febrero. El escrito imputa a los funcionarios violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y delitos ambientales.
El presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseigor, fueron denunciados penalmente por el proceso licitatorio para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La denuncia fue presentada ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) por José María Lojo, ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y actual titular del Consejo Portuario Argentino, con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat. El escrito pide además la suspensión inmediata de la apertura de sobres de la licitación, que estaba prevista para el 27 de febrero.
Lojo cuestiona el diseño de los pliegos licitatorios y sostiene que el esquema propuesto beneficia a la futura concesionaria en detrimento de exportadores y productores nacionales. Según el denunciante, el modelo prioriza negocios privados por encima del desarrollo federal y la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.
Entre los fundamentos técnicos, la presentación cita informes de especialistas como los ingenieros Hernán Orduna y Alejandro Bustamante, y el abogado Homero Bibiloni. Todos coinciden en que no se realizaron estudios de impacto ambiental integrales, pese a que el 90% de los participantes en la audiencia pública lo había reclamado, y que el trazado propuesto resulta inconveniente desde el punto de vista operativo y ambiental.
En materia tarifaria, el esquema oficial fija una tarifa mínima que, según la denuncia, limita la competencia por precio y garantiza rentabilidades extraordinarias para la empresa adjudicataria. Ese diseño derivaría en mayores costos logísticos para las economías regionales y para toda la cadena exportadora, según advierte el escrito judicial.
Lojo también cuestiona que las instancias de participación pública realizadas durante el último año hayan sido determinantes en la versión final de los pliegos. Según consignó el medio Infonews, los aportes y objeciones de la mayoría de los participantes en la audiencia ambiental fueron desestimados, lo que, a criterio del denunciante, vacía de contenido los mecanismos de consulta previstos en la normativa vigente.