Lo advierte un informe de Ciudadana Comunicación a partir de datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. El faltante de insumos, las barreras institucionales en la provincia y el desfinanciamiento nacional explican lo ocurrido.
A cinco años de la legalización de una práctica que hasta entonces era clandestina y peligrosa para miles de mujeres, Salta también es una de las provincias en donde una combinación de variables restringe el derecho adquirido. Lo indica un informe elaborado por Ciudadana Comunicación a partir de datos oficiales del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), que registra una caída significativa en el acceso a la IVE/ILE desde la implementación plena de la norma.
Según el relevamiento, el mayor acceso al derecho creció en el periodo 2021 – 2023 con 5.180 interrupciones voluntarias del embarazo en el último de los años mencionados. El número descendió a 4.371 prácticas en 2024 (-17%) y se estima que la cifra será más baja cuando se revelen los datos correspondientes al año 2025 que la provincia todavía no difundió.
“El informe alertó que no se trata de una disminución de la demanda, sino del impacto directo de un contexto marcado por el recorte nacional de insumos, el desmantelamiento de programas de prevención y el silenciamiento estatal”, destacó la sección local del diario Página 12.
