Pedro Burgos, ex presidente del Colegio de Abogados, cuestionó la iniciativa del gobierno nacional. Habló de los puntos más polémicos.
Un abogado salteño cuestionó La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei pretende aprobar en las próximas semanas. Se trata de Pedro Burgos, ex presidente del Colegio de Abogados de Salta.
Según informó Nuevo Diario, Burgos dijo que «se está avanzando sobre derechos constitucionales esenciales» sin convocar a un diálogo amplio con los sectores involucrados. Agregó que con la ley bases ya aprobada se creó la extensión del período de prueba de tres a seis meses y la creación del fondo de cese laboral, una figura que, según explicó, «no tuvo aplicación práctica ni aportó beneficios reales».
«Ese fondo fue pensado como una alternativa a las indemnizaciones, pero no lo aplicó nadie —ni los sindicatos ni las empresas—, porque no conviene a ninguna de las dos partes. Al empleador le impone un costo adicional del 10 o 12 por ciento mensual sobre toda la nómina salarial, y al trabajador le reduce el monto indemnizatorio. Ninguna herramienta que aumente costos puede fomentar el empleo», explicó Burgos.
El especialista recordó además que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado en diciembre de ese año, había intentado avanzar en una flexibilización del régimen laboral, aunque su aplicación fue suspendida por la Cámara Nacional del Trabajo.
«Esa medida fue frenada en todo el país, salvo algunos artículos que luego se incorporaron a la Ley Bases mediante el proceso legislativo formal», puntualizó.
Burgos también criticó la eliminación de las indemnizaciones agravadas para trabajadores no registrados, que antes podían reclamar un monto adicional por ese perjuicio. «El gobierno creyó que, al eliminar esas indemnizaciones, nadie reclamaría. Pero la doctrina laboralista respondió con fuerza, y hoy existen fallos en distintas provincias que reconocen el daño y perjuicio desde el derecho civil, aplicado al ámbito laboral», explicó.
También explicó que los abogados laboralistas ya analizan posibles declaraciones de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en caso de aprobarse una reforma que contradiga tratados internacionales asumidos por la Argentina.
«Si una norma nacional se opone a una convención internacional que protege los derechos laborales, los jueces pueden decidir no aplicarla», aclaró.
