Fue el diputado Carlos Zapata, que defendió el dictamen de minoría en el debate sobre la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional impulsado por los mandatarios provinciales. El legislador de La Libertad Avanza defendió otros criterios de distribución.
El libertario Carlos Zapata defendió el dictamen de minoría en el debate sobre la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional impulsado por los gobernadores. Tras repasar la historia tributaria, el legislador defendió otros criterios de distribución.
Zapata hizo un repaso histórico y enfatizó que la coparticipación careció de un sustento constitucional hasta la Reforma de 1994. Agregó que hasta entonces se regía por “leyes convenios” entre Nación y provincias que en lo central consistían en lo siguiente: “Buscaban establecer determinada masa de tributos que recaudaba la Nación y que compartía con las provincias. El objetivo era que las distintas regiones del país alcanzasen niveles similares de desarrollo”, por las asimetrías existentes desde los tiempos del virreinato.
En ese marco, Zapata recordó que los criterios centrales de las leyes –convenio se sintetizó en la ley 20221, del año 1973, que establece que la distribución debe ser en partes iguales. “Partiendo el 97% de la recaudación en 48,5% para la Nación y 48,5% para las provincias y un 3% de fondo de desarrollo regional; mientras la distribución en las provincias se hacía en base a un coeficiente que tenía en cuenta tres elementos: el 65% de la masa a distribuir se hacía en función de la población; el 25% por lo que se llamó la brecha de desarrollo que era la diferencias que tenían las regiones más desarrolladas sobre las menos desarrolladas; y el 10% en función de la dispersión de la población, teniendo en cuenta que las regiones con baja densidad demográfica tenía menos posibilidades de financiación para garantizar la prestación de servicios”, dijo a modo de contextualización.
Zapata indicó que esa norma duró, mediante prórrogas, hasta 1987, porque al año siguiente empezó a regir la ley 23.548, que cambió los porcentajes de distribución al eliminar los fondos de desarrollo regional, y le quitó 6,16% de recursos a la Nación para pasarlos a las provincias. “Esa ley fue provisoria en cuanto a la distribución de impuestos entre Nación y provincia. Y sale la figura de los famosos ATN, que es el tema del dictamen que estamos tratando. Los ATN, como lo establece la Ley 23.548, tiene una finalidad: atender las necesidades financieras ante los déficits producidos por un desencaje entre las fechas de ingresos y erogaciones de las provincias; y también para atender situaciones de emergencia”, continuó.
A partir de ese punto, Zapata consideró que todo empezó a desvirtuare por efecto de la noción de “justicia social” a la que definió como “una especie de caridad coercitiva por quitarle a aquel que es productivo para darle a quien no lo es”. “De ahí sale la teoría del ‘Estado presente’ que reclama mayores cantidades de gasto, y el único resultado que hemos podido ver es el incremento de la pobreza y la necesidad de imponer mayores impuestos sobre la población. En todo este esquema, los justicialistas que decían combatir al capital terminan compartiendo el capital a través de la corrupción. El problema es que las provincias, fruto de esas legislaciones que producen mayores gastos, necesitan mayores recursos y no han encontrado mejor manera que decir que se reparta de forma automática estos fondos para destinarlos como si fuese una parte de la masa coparticipable”, denunció.
En ese punto, Zapata defendió el dictamen de minoría: “Se respeta el texto de la ley 23.548, pero al agregado consiste en lo siguiente: la parte no ejecutada de la porción que le corresponde a los ATN y maneja el Ministerio de Interior, se distribuya al año siguiente el sobrante no utilizado. De esta manera se mantiene durante el ejercicio fiscal los recursos para atender los desequilibrios financieros de las provincias y también para atender situaciones de emergencia; mientras el excedente se reparte a partir del ejercicio siguiente en forma mensual conforme a los coeficientes de la ley de coparticipación. Es una medida superadora. No le voy a achacar a los gobernadores que sean gastadores seriales porque las leyes del ‘Estado presente’ han agregado gastos que sufragan las provincias a las que no se acompañó con la posibilidad de obtener mayores recursos”.