Un decreto presidencial permite que organizaciones religiosas registradas manejen su patrimonio y libros contables de forma directa. La medida responde a reclamos del sector evangélico y se da tras el escándalo del pastor que milagrosamente convirtió pesos en dólares.
El presidente Javier Milei firmó el decreto 486/2025, publicado el lunes 21 de julio en el Boletín Oficial, que habilita a las organizaciones religiosas no católicas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos a administrar sus bienes y llevar registros contables sin necesidad de transformarse en asociaciones civiles o fundaciones. Hasta la fecha, solo la Iglesia Católica gozaba de esta prerrogativa.
La norma establece que las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas debidamente reconocidas podrán ser anotadas en un libro especial a cargo de las autoridades de contralor societario de las jurisdicciones provinciales. Esto les permitirá individualizar y rubricar los libros obligatorios y voluntarios que deben mantener según el Código Civil y Comercial de la Nación.
El decreto faculta a las autoridades provinciales a dictar las normas necesarias para implementar este sistema de registro especial. También autoriza a estas organizaciones religiosas a transformarse en las formas organizativas que decidan libremente sus asociados, respetando la normativa vigente.
Desde la Secretaría de Culto aclararon que la medida no es obligatoria y busca facilitar la funcionalidad de las iglesias otorgándoles más opciones administrativas. El espíritu de la norma respeta la voluntad y elección de cada comunidad religiosa para decidir su estructura organizacional.
La decisión se produce tras la participación de Milei en la inauguración del templo evangélico Portal del Cielo en Chaco, considerado el más grande del país con capacidad para 10.000 personas. Durante el evento, el pastor Jorge Ledesma relató un supuesto «milagro financiero» donde afirmó haber encontrado 96.000 dólares en una caja de seguridad donde había depositado 100.000 pesos argentinos.
Este cambio normativo representa un nuevo gesto del gobierno hacia el sector evangélico, que mantiene peso político especialmente en el norte del país. La medida atiende un reclamo de estas organizaciones que se veían limitadas en su funcionamiento por la ausencia de regulación específica para su registro y administración patrimonial.