El diputado consideró que mañana los senadores provinciales darán la media sanción que falta al proyecto de intervención del municipio de Aguaray. Jorge Prado está imputado por el robo de caños del Gasoducto GNEA.
Fue uno de los protagonistas de la sesión de diputados de anoche y un impulsor de la intervención desde el mes de marzo. Hoy dialogo con Cuarto Oscuro (FM La Cuerda 1014.5) y además de describir la misma, fue consultado sobre cuáles son los pasos que faltan para concretar la intervención del municipio comandado por Jorge Prado, el intendente imputado por el robo de 35 kilómetros de caños del Gasoducto GNEA.
“Debe pasar al senado como cámara revisora para que tenga sanción definitiva debe ser aprobada con los dos tercios o más. Luego pasa al ejecutivo para su promulgación y a partir de ese punto queda destituido el intendente y el gobernador debe designar el interventor que, a su vez, debe hacerse cargo en un plazo perentorio. Este debe disponer las medidas para salvaguardar el patrimonio del municipio, asegurar la continuidad de los servicios, la atención al público y la custodia de los bienes municipales. Por ahí pueden presentarse algunos vericuetos, pero no creo que el senado se ponga exquisito y quiera imponer alguna modificación sobre el texto sancionado en diputados”, explicó el presidente del bloque Ahora Patria de la cámara baja provincial.
Al ser consultado sobre cuantos días puede tomar esos pasos, Zapta preciso: “debería estar promulgada el viernes y calculo que el gobierno tendrá pensado quien será la persona que se hará cargo. Espero que sea alguien que esté a la altura de las necesidades, sobre todo por la zona y la conflictividad que se presentó a partir de la permanencia de este hombre en poder. Es incomprensible la actitud que mantuvieron los bloques oficialistas de negar el tratamiento de esta ley que finalmente se trató. Ayer en la sesión hubo algún intento de despegarse o justificar la demora, pero la permanencia del intendente posibilitó que pueda generar una especie de grupos comandos que llamaban a abandonar el trabajo, cortar la ruta y quemar cubiertas. Una especie de amenaza velada lo que podría constituir un delito tipificado en el Titulo Decimo del Código Penal, que son los delitos contra el orden democrático. No se puede compeler a que se sancionen o no leyes a los poderes del Estado, como si fuéramos el Fart West. Lo que el oficialismo no pudo comprender es que en siete meses, el señor que continuó en el Poder pudo haber fabricado o destruido pruebas, aleccionado testigos, o haber utilizado fondos públicos”, resaltó Zapata.
