El INASE bloqueó el sistema de inscripción y renovación de cultivares, mientras el Ministerio de Salud exige genéticas registradas. Más de 635 criaderos y 79 fitomejoradores podrían quedar en situación irregular a partir del 1 de junio.
Productores, obtentores, fitomejoradores y asociaciones civiles vinculadas al cannabis medicinal denunciaron el bloqueo del sistema de registros por parte del Instituto Nacional de Semillas (INASE). La situación genera una contradicción administrativa: el Ministerio de Salud exige el uso de genéticas registradas, pero el INASE no habilita nuevos registros ni renueva los existentes.
El conflicto se agravó cuando el pasado 31 de mayo vencieron las licencias de los cultivares sin posibilidad de renovación. Aunque el INASE publicó una prórroga de 60 días en su página oficial, los afectados señalan que la medida carece de respaldo institucional al no contar con el correspondiente acto administrativo.
Karina Romanelli, miembro del Consejo Consultivo Honorario de Nación dependiente de la Ley 27350, explicó la paradoja del sistema: «Se exige el uso de genéticas registradas, pero no existen registros vigentes porque el propio INASE bloqueó el sistema». La funcionaria agregó que las cuatro asociaciones civiles del Consejo vienen solicitando una reunión desde hace dos años sin obtener respuesta.
Según informó Tiempo Argentino, la paralización del sistema amenaza la continuidad de más de 635 criaderos y 79 fitomejoradores que podrían quedar en situación irregular. Esta cifra incluye proyectos científicos, productivos y de salud que requieren variedades específicas de Cannabis Sativa L., tanto para uso medicinal como industrial.
Los afectados presentaron notas ante múltiples organismos, incluyendo INASE, la Agencia Regulatoria de la Industria Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), y los ministerios de Economía y Salud. En sus reclamos advierten sobre la pérdida de patrimonio fitogenético nacional, la interrupción de investigaciones científicas y la generación de incertidumbre jurídica en el sector.
La situación se enmarca en las modificaciones implementadas por el gobierno de Javier Milei a través de la Resolución 1780/25, que actualizó los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Cannabis (REPROCANN). Los productores exigen la reactivación inmediata del sistema y denuncian que la inacción contradice las leyes 20.247, 27.350 y 27.669, además de desconocer derechos adquiridos del sector.