La denuncia pública realizada por una docente apunta a la jueza Noemí Valdez por ponerse del lado del agresor en lugar del de la víctima.
Nancy Liendro es el nombre de la docente que redactó una carta pública en la que narra su situación actual. Es madre de un niño de 3 años, trabaja en un secundario estatal y tiene carga horaria mínima, por ende su sueldo no alcanza para pagar un alquiler. Entonces tuvo que recurrir a sus familiares y compartir la vivienda de los abuelos junto a dos tíos.
En la carta narra: «he sido sometida a una creciente situación de violencia familiar que se fue incrementando desde la amenaza a los golpes, por parte de estos familiares, para que abandone la vivienda».
Ante esta situación se presentó para abrir un expediente en el Juzgado de Violencia Familiar y Género N° 2, a cargo de la jueza Noemí Valdez.
Según cuenta la docente, esta jueza desestimó sus denuncias, incluso cuando los golpes recibidos fueron corroborados por un médico en la Ciudad Judicial. Entonces señala que la jueza Valdez «que debiera garantizar la integridad física de mi hijo y mía, decide proteger a mi agresor, a pesar que este tiene denuncias de otras personas por distintos hechos de violencia; reclamándome que sea comprensiva con mis agresores porque ellos son los propietarios de la vivienda».
Pero eso no fue todo, sino que según la docente, por exigencia de sus familiares, el juzgado la instó a firmar un plazo perentorio para dejar la casa. Además señala que «la misma jueza que me coloca en situación de calle considera que no tengo los recursos económicos para sostener a mi hijo y me amenaza con institucionalizarlo».
Para finalizar denuncia «Violencia institucional, adoptada por un juzgado de Familia y Género, que expone de esta manera lo que piensan de las mujeres, y en forma discrecional decide sobre nuestras vidas».
