La cifra es 11 veces superior a la que el Estado destina al Instituto Nacional del Cáncer. Los beneficios están contemplados en una ley anterior al RIGI que prevé aumentar aún más los beneficios.
A pocos días de que el Gobierno nacional reglamente el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) – busca impulsar la minería, hidrocarburos, tecnología, siderurgia, turismo, infraestructura y actividad forestal – se conoció los montos que las grandes corporaciones dejaron de pagar amparadas por la ley de inversiones mineras que desde 1993 otorga estabilidad tributaria por 30 años a aquellos que exploten los minerales argentinos.
En 2023, el Estado dejó de percibir $28.900 millones en beneficios otorgados a empresas mineras por esa norma votada en el gobierno de Carlos Menem, según un pedido de acceso a la información que elevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Las ventajas impositivas incluyen deducción de Ganancias, devolución del IVA y amortización acelerada.
“Los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras alcanzan a 829 empresas mineras y otras 94 de servicios. Entre ellas, empresas petroleras se expanden y comienzan a hacer minería de litio. Obtienen beneficios fiscales por ambas actividades”, resalta FARN. Pero si bien cientos de empresas tienen iniciados los trámites, son 42 las que efectivamente gozan de la estabilidad fiscal porque están en explotación del recurso natural.
Entre esas 42 del listado al que tuvo acceso la fundación aparecen las que llevan más tiempo sacando litio en la Argentina, Minera del Altiplano, en Catamarca, y Sales de Jujuy, que pertenecen a la nueva empresa fusionada Arcadium Lithium, con casa matriz en Irlanda. “FARN señala que Arcadium podrá adherir al RIGI en sus proyectos de ampliación de los yacimientos, con lo cual sumaría beneficios cambiarios y aduaneros a los impositivos de la ley minera” destacó el Diario Registrado que tuvo acceso al documento.
En la lista también está Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold, que extrae oro en Santa Cruz; y la suiza Glencore, dueña de las minera Alumbrera y Agua Rica. Otras firmas que gozan de estabilidad fiscal son Minera Aguilar, de José Luis Manzano, que saca plomo, plata y zinc en Jujuy; la calera y cementera Loma Negra, propiedad de la brasileña Camargo Corrêa; Minera Andina del Sol de Barrick Gold que obtiene oro en San Juan; las litieras Exar, en Jujuy de la canadiense Lithium Americas; y Eramine, en Salta, de la francesa Eramet y la china Tsingshan. Como se mencionó en otro caso, Eramet también proyecta adherir al RIGI para el montaje de una segunda planta, con lo cual sumaría beneficios cambiarios y aduaneros a los impositivos de la ley minera.
“El recientemente aprobado RIGI marca una continuidad en una premisa que sostienen los gobiernos argentinos independientemente de su color político: es necesario otorgar beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros a grandes empresas de actividades extractivas, bajo la promesa de crear empleos y desarrollo económico”, concluye FARN.
“FARN recuerda que los $28.900 millones de beneficios a las mineras en 2023 equivalen al 0,2% del PBI argentino y lo compara con varios presupuestos: es “más del doble de lo destinado a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); equivalen al 96% del presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente y al 79% de la Administración de Parques Nacionales. Además, suponen más de 4,5 veces el presupuesto que asigna el Tesoro al Servicio Nacional del Manejo del Fuego, más de 7 veces el destinado a energías renovables y más de 11 veces el del Instituto Nacional del Cáncer”, destaca el medio ya citado.
