La Justicia Federal formalizó la imputación en una causa que investiga un circuito estructurado de fraude. La Fiscalía detectó más de 80 millones de pesos involucrados y dispone de un año para profundizar el expediente.
La causa federal por tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta ingresó en fase de investigación formal este miércoles. Durante la audiencia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy, el fiscal general Carlos Amad presentó pruebas que sustentan la hipótesis de un circuito estructurado con participación de médicos, empleados municipales, funcionarios y operadores. La Fiscalía dispone de un plazo de un año para profundizar el expediente y determinar la responsabilidad de cada imputado.
Según los elementos reunidos por la investigación, la estructura habría recaudado más de 80 millones de pesos desde 2024, lo que representa un promedio superior a 3,3 millones mensuales. El volumen de recursos permite dimensionar el alcance de la presunta organización bajo investigación.
El fiscal Amad describió el mecanismo denunciado en términos directos: «Ellos tenían una fábrica expendedora de certificados médicos truchos para decir que personas que no eran discapacitadas puedan cobrar las pensiones por incapacidad».
La investigación sostiene que no se trataba de hechos aislados sino de un esquema en el que cada participante habría cumplido una función específica. En una primera etapa operaban quienes captaban beneficiarios potenciales y reunían documentación. Luego intervenían profesionales de la salud para confeccionar certificados, historias clínicas y estudios. Una segunda etapa involucraba reproducción, modificación y preparación de documentación, mientras que empleados o funcionarios con acceso a sistemas públicos incorporaban expedientes. Según información de Gente de Salta, la Fiscalía también investiga un eventual componente político vinculado con oferta de pensiones en barrios y sectores rurales como mecanismo de captación.
Entre los 15 imputados figuran el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana, exautoridades del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal, los médicos Roberto Bernardino Morales, César Ramiro Blanco, Luciano Benjamín Esteban, Luis Alberto Verón, Diego Augusto Ocampo, José Wilson Muñoz Torres y José Edmundo Brisuela. Asimismo fueron imputados María Romano, Hugo Humberto Massa, Edmundo Dante Salazar, Humberto Brisuela Mendoza, Manuel Rodolfo Córdoba, Luis Casares y Francisco Orellana. A cada uno se le atribuyen distintos delitos según la función que habría desempeñado.
Los investigadores identificaron casos de reutilización de documentación médica. Radiografías aparecieron asociadas a personas diferentes, mientras que estudios con diagnósticos de Chagas y diabetes fueron modificados o reutilizados, según la hipótesis fiscal. El análisis de teléfonos secuestrados reveló comunicaciones entre imputados que permitirían reconstruir solicitudes de estudios, certificados y documentación.
El universo de pensiones no contributivas por discapacidad analizado abarca 39.775 prestaciones. En Salta fueron identificadas 9.000 correspondientes a beneficiarios salteños bajo observación por posibles incumplimientos de requisitos, mientras que en el departamento Anta se detectaron 4.305. La investigación se inició el 24 de julio de 2024 a partir de un procedimiento en Chaco. Se realizaron 26 allanamientos en hospitales, clínicas y dependencias municipales, con participación de Gendarmería Nacional y cruces de información con ANSES, ANDIS, ARCA y el Ministerio de Capital Humano.