El pedido formal será presentado en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante. La iniciativa surge tras la muerte de un detenido en la Comisaría Primera, por la que ya fueron imputadas siete personas.
José Antonio «Niti» Cuéllar, de 52 años, murió el 28 de enero en la Comisaría Primera de Joaquín V. González después de ser agredido a golpes por sus compañeros de celda. Había sido arrestado días antes, acusado de abusar de una menor de edad. Entre las 14.40 y las 15.20, según precisó el Ministerio Público Fiscal salteño, recibió una golpiza que le provocó una descompensación. Fue trasladado al hospital local, donde falleció aproximadamente una hora después. La Fiscalía Penal de Anta imputó provisionalmente a siete detenidos como coautores de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
El caso suma interrogantes sobre el rol policial. Vecinos consultados por el portal Anta Periodismo señalaron que Cuéllar habría sido agredido antes de ingresar a la comisaría, y que durante su detención se escucharon golpes al momento de ser subido al móvil policial. La familia, por su parte, denunció en una carta abierta que no recibió información clara sobre las circunstancias ni el lugar exacto del fallecimiento, y cuestionó el accionar tanto policial como judicial. «En menos de 24 horas lo culparon, lo condenaron y lo mataron», advirtieron los familiares, según consignó Info Salta.
En ese contexto, el presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Pérez, a un mes de lo sucedido, anunció que el cuerpo legislativo impulsará un pedido formal ante el ministro de Seguridad provincial, Gaspar Solá, para apartar a la cúpula de la Comisaría Primera y del Distrito de Prevención N.º 5. Además, se solicitará la separación preventiva de los efectivos que cumplían guardia al momento del hecho, mientras avanza la investigación. Pérez remarcó que hasta ahora ninguna autoridad de Seguridad se pronunció públicamente sobre el caso. «Es de suma importancia dar una respuesta. Si estas son las personas que conducen la seguridad del pueblo, estamos complicados», expresó.
El legislador subrayó la gravedad institucional del hecho. «Tiene que haber una explicación clara porque murió una persona bajo la guardia del Estado, y eso no puede suceder ni aquí ni en ninguna parte del mundo», manifestó. Según informó Nuevo Diario, Pérez remarcó que la política local tiene la obligación de expresarse y defender los intereses de la comunidad, y que el Concejo buscará colaborar desde el ámbito institucional para garantizar justicia.
El expediente será presentado en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde se definirá el curso formal del pedido ante el Ministerio de Seguridad provincial. La investigación judicial continúa en desarrollo, con audiencias testimoniales previstas y pericias en curso a cargo de la Brigada de Investigaciones 5 y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. «Tiene que haber justicia y nosotros vamos a acompañar desde el lugar que nos corresponde», concluyó Pérez.