domingo 25 de febrero de 2024
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Salta

Senado salteño | Prorrogaron la suspensión de desalojos a familias campesinas

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la sesión de ayer. La modificación del artículo 9° de la Ley 7658 prorroga la suspensión hasta diciembre del año 2024.

El artículo 9 quedó redactado así: “Suspéndase hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial”.

El autor de la iniciativa, Miguel Calabró (La Caldera), recordó que las prórrogas se viene trabajando en la Legislatura hace más de diez años” con el objeto de frenar los desalojos compulsivos de pequeños productores, principalmente en los departamentos Rivadavia y San Martín tras el boom de la soja, el trigo, el maíz y otros cultivos extensivos que valorizaron esas tierras y provocó que «empresas como la de Gianfranco Macri, la de Molinos Cañuelas, por nombrar algunos, compraban propiedades a veces sin visitarlas y sabiendo que podía haber ocupantes para luego avanzar con sus proyectos productivos y desalojar a las familias poseedoras” enfatizo, para luego agregar que el proceso contaba con un agravante: algunos jueces – “fundamentalmente del distrito Tartagal» – comenzaron a fallar sistemáticamente a favor de los grandes titulares registrales. Por eso urgió la aprobación de esta ley.

Municipalidad de Salta

El senador caldereño explicó que la prórroga se acordó solo por un año porque «la prórroga en sí misma no resuelve el conflicto dominial”, pero tampoco lo resuelven los fallos judiciales y de allí la importancia de poner el foco en el trabajo de la UEP. Hacía referencia a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que se encarga de la regularización dominial en la provincia, un proceso que se tornó lento por la complejidad de los procesos y la falta de recursos para llevar a cabo una política más activa de solución del conflicto.

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