Lo consideran clave para afrontar el desmantelamiento progresivo de políticas públicas que afectan especialmente a personas con VIH, otras ITS, hepatitis, tuberculosis y a la población trans. «La situación es alarmante”.
Lo enfatizan en un comunicado difundido durante el fin de semana largo y luego de que el presidente de la Fundación Orgullo Salta recibiera un informe de las autoridades sanitarias de la provincia que dan cuenta de la falta de preservativos y reactivos para atender la demanda.
Nelson López, presidente de la fundación, declaró a la sección local del diario Página 12 que los cambios operados desde la asunción del gobierno libertario son varios y todos para peor: antes la medicación para los tratamientos se entregaba en cantidad suficiente para tres meses, pero ahora la entrega es mes a mes” dificultando el acceso a la medicación de quienes viven en el interior de la provincia; también dijo saber que el presupuesto actual indica que la provisión de remedios sólo alcanza hasta mitad de este año y no para “todos los pacientes”.
“Por estos y otros problemas que abundan en el sector, organizaciones de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán comenzaron un plan de lucha para reclamar garantías en los tratamientos y la llegada de los recursos para quienes viven con VIH”, destacó el medio citado. Todos coinciden en la necesidad de que las cámaras legislativas de las provincias del NOA adhieran a la Ley nacional 27.675, de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual -ITS- y tuberculosis -TBC-.
“A pesar de que el NOA es una de las regiones más afectadas por infecciones de transmisión sexual (con un preocupante aumento de sífilis y diagnósticos tardíos de VIH), casi ninguna de sus provincias ha adherido aún a la Ley nacional 27.675 de Respuesta Integral al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis”, dijeron los referentes del NOA en el comunicado que surgió tras un encuentro en Tucumán.
La ley nacional ya rige en toda la República Argentina. Pero en su artículo 4º invita “a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar para el ámbito de sus exclusivas competencias las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta ley”.
En la legislatura salteña había dos proyectos en ese sentido, pero ambos perdieron estado parlamentario. Las organizaciones que iniciaron los reclamos denunciaron que “los funcionarios locales priorizan obedecer al Gobierno Nacional por temor a perder fondos, antes que garantizar los derechos de sus comunidades”.
