La decisión afecta áreas estratégicas de investigación y desarrollo en salud pública. El nuevo organigrama reduce funciones críticas de regulación.
El Ministerio de Salud de la Nación ha oficializado mediante el decreto 1058/2024 una profunda reestructuración organizativa que suprime la Secretaría de Calidad de Salud, un área fundamental para el control y la investigación de desarrollos sanitarios y farmacológicos. La medida, implementada por el ministro Mario Lugones, quien proviene del sector privado de la salud, implica la fusión de distintas áreas y la reconfiguración de la estructura ministerial.
La nueva configuración administrativa elimina una dependencia que tenía bajo su responsabilidad múltiples funciones estratégicas, desde el control de establecimientos de salud hasta la coordinación de políticas en discapacidad, laboratorios públicos, cannabis medicinal y hospitales federales. La Secretaría suprimida contaba con un presupuesto de 453 millones de pesos para 2024, aunque no tenía un funcionario designado a su cargo.
El organigrama modificado establece una nueva estructura jerárquica donde la Unidad Gabinete de Asesores supervisará las secretarías de Gestión Administrativa, Gestión Sanitaria y Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación. Esta reorganización reduce significativamente el alcance de las anteriores funciones de control y desarrollo en salud pública.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la distribución de las antiguas responsabilidades en diferentes subsecretarías, como Planificación Sanitaria, Relaciones Sectoriales, Institutos y Fiscalización, y Vigilancia Epidemiológica. Los hospitales nacionales, incluyendo el Posadas, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, quedarán bajo la supervisión de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización.
El Ejecutivo justifica la medida argumentando la necesidad de «optimizar la gestión» del Ministerio de Salud, una expresión que en la práctica parece traducirse en una reducción de capacidades y una potencial disminución de los mecanismos de control sanitario. La decisión ha generado preocupación entre diversos sectores que visualizan un debilitamiento de las estructuras públicas de salud.
Los datos presupuestarios revelan una tendencia preocupante: en 2023, con una inflación interanual cercana al 200%, los programas de Calidad de Salud apenas recibieron un incremento del 5%, ejecutándose solo 378,1 millones de los 453,5 millones originalmente pautados para este año, lo que evidencia un progresivo desfinanciamiento del área.