miércoles 9 de octubre de 2024
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Puna salteña | Protesta de ordenanzas precarizadas: cobran $50 mil al mes

Una protesta de ordenanzas que reclaman ser nombradas formalmente dejó sin clases a 400 alumnos. Los padres amenazan con medidas de fuerza si no se resuelve la situación.

La directora de la Escuela Técnica N° 3173 de San Antonio de los Cobres se vio obligada a suspender las clases y despachar a los alumnos debido a la falta de personal de maestranza para cubrir los turnos escolares. La medida fue consecuencia de un reclamo llevado adelante por cuatro trabajadoras que decidieron no prestar servicio ante la precariedad laboral en la que se encuentran.

Según informaron, cobran $50.000 mensuales, un subsidio financiado por la Municipalidad de San Antonio de los Cobres para asegurar que la escuela cuente con personal de maestranza. Sin embargo, su reclamo es que el Ministerio de Educación las tome como personal formal para regularizar su situación laboral.

Ante el inicio del conflicto y la manifestación de las ordenanzas en las puertas del establecimiento, el intendente Alberto Carral se acercó al lugar en un intento por destrabar la situación. No obstante, según informa Nuevo Diario, el jefe comunal ofreció solamente un aumento salarial de $15.000, lo que profundizó el malestar de las manifestantes.

El reclamo por las ordenanzas en la Escuela Técnica N° 3173 pone de manifiesto una problemática recurrente en los establecimientos educativos: la falta de personal de maestranza designado formalmente o que no esté precarizado.

Hasta el momento, se había recurrido a la práctica de nombrar de manera temporaria a beneficiarias del Programa Potenciar Trabajo para cubrir estas tareas, pero en San Antonio de los Cobres la ausencia de este tipo de personal llevó a que sea el municipio el que financie al personal para garantizar el ciclo lectivo.

Ante la situación, padres de alumnos de la institución solicitaron la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y adelantaron que, de persistir la falta de clases, evaluarán medidas de fuerza como la toma del establecimiento.

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