Señalan que Gustavo Solís Mónico inquirió en los delitos de fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.
La imputación provisoria corrió por parte de los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero. Son tres delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.
La investigación del intendente se inició en febrero de 2020, luego de que se conociera la falsificación de facturas en Rosario de la Frontera. Tras un pedido de informe por parte de la Auditoria General de la Provincia se constataron las irregularidades en el periodo 2017.
La causa por incumplimiento a sus deberes nace en la contratación de Mirta Verónica Corimayo. Ahí hubo una “clara violación a las normativas”, pues esta mujer tenía medidas cautelares sobre las cuales fue debidamente informado Solís. En relación al fraude a la administración pública, también está vinculada al contrato de Corimayo.
“La conducta desplegada en relación a la contratación con Corimayo, encuadra dentro del incumplimiento a las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central de la República Argentina, dictadas con el fin de determinar el circuito financiero del dinero público, no debiéndose emitir cheques por sumas inferiores cuando el monto de los anticipos así lo permiten, como ocurrió en este caso”, informan desde el Ministerio Público Fiscal de Salta.
Otro hecho de incumplimiento se desprende de las 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación. En tanto que el delito de cohecho surge de unos audios en los que se escucha a Solís negociar con esta fundación. Ahí pide “una suma de dinero a cobrar por cada metro cuadrado que se ejecutara, a razón de un precio de $163 por metro cuadrado, de los cuales, si el contratista facturaba todo, debía entregar la suma de $93 por metro cuadrado a Solís y solo le quedarían $20 como condición para suscribir las contrataciones”, señalaron.