Se trata de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que tramitará ante el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari.
Claudio Lozano, Hugo “Cachorro” Godoy y Rodolfo Aguiar pidieron al juez Furnari que declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 70/2023 por considerar que Milei se arrogó facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, lo que implicaría un caso de abuso de derecho público que viola el principio republicano de la división de poderes, la democracia y el principio de reserva de los derechos colectivos de la ciudadanía a intervenir en la dirección de los asuntos públicos a través de sus representantes.
En esa línea, le reclamaron a Furnari que dicte una medida cautelar que suspenda los efectos y la vigencia del DNU. Según la presentación a la que tuvo acceso Página/12, el DNU afecta la vigencia y el contenido de 81 leyes. En la presentación también resaltan que por el alcance masivo del DNU, se entiende que es incompatible con la excepcionalidad que demanda la Constitución y que ha exigido la Corte Suprema en distintos fallos.
Para el Observatorio, la CTA-A y ATE, ése no es el verdadero sentido del DNU. “No se está atendiendo a una circunstancia excepcional que torna imposible por la urgencia el tratamiento del Congreso. Lo que se impulsa es la modificación radical y estructural del modelo de desarrollo humano, de progreso económico con justicia social, de productividad de la economía nacional y de crecimiento económico del país sin esperar que el Congreso pueda evaluar la propuesta y el radical nuevo rumbo que se plantea. La Constitución Nacional no autoriza que los Decretos de Necesidad y Urgencia sean utilizados para este propósito cuya facultad corresponde sustancialmente al Congreso de la Nación”, afirman en el escrito.
