domingo 1 de febrero de 2026
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Piden investigación y justicia | Muerte trans en comisaría salteña genera dudas en organismos de derechos humanos

Fernanda Arias murió el mes pasado en una comisaría. La versión oficial habla de suicidio. Hay desconfianza. Exigen que la Mesa de la Diversidad de la provincia se involucre.

Organismos de derechos humanos y de diversidad ponen en duda la versión oficial sobre la muerte de Fernanda Arias, mujer trans que falleció a mediados de noviembre en una comisaría de Rosario de Lerma, aparentemente por suicidio.

Nuevo Diario informó que estas organizaciones solicitaron la convocatoria extraordinaria y urgente de la Mesa de la Diversidad provincial, ya que consideran que el caso reúne elementos suficientes para ser abordado como un hecho de violencia institucional y no como un suicidio.

Según el detalle consignado en la presentación, Fernanda Arias fue detenida el 12 de noviembre. El 14 fue encontrada sin vida dentro de la dependencia policial. La versión oficial sostiene que se trató de un suicidio. Pero la Asociación Miguel Ragone y Mujeres Trans Argentina califican la muerte como un transfemicidio por violencia institucional. Además, caracterizan el hecho como un acto de “identicidio”, concepto con el que describen un patrón sistemático de eliminación de existencias disidentes, que —según sostienen— reproduce lógicas de represión y disciplinamiento propias del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar argentina.

El mismo medio agregó que uno de los puntos centrales del planteo presentado ante la Mesa de la Diversidad es la advertencia sobre la posible existencia de un grupo policial que actúa por fuera de la conducción institucional formal en Rosario de Lerma. Las organizaciones sostienen que existen fundamentos suficientes para considerar que se estarían cometiendo crímenes de odio contra personas trans y travestis en contextos de detención.

Entre los indicios mencionados se encuentra la ausencia de protocolos efectivos de protección, el hecho de que una persona haya muerto bajo custodia estatal sin que se activara de inmediato una investigación exhaustiva, y la selectividad de la represión sobre una mujer trans en situación de vulnerabilidad socioeconómica, detenida en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

También se señala la falta de debida diligencia en la investigación inicial, al aceptarse de manera acrítica la hipótesis del suicidio sin un abordaje forense integral ni la consideración de posibles situaciones de violencia institucional. A esto se suma un contexto regional más amplio, ya que organizaciones nacionales de derechos humanos reportaron múltiples muertes de personas LGTBIQ+ en espacios de custodia estatal en la región durante los últimos días, lo que sugiere la existencia de patrones más amplios de violencia.

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