Quien recibió el pedido fue la jueza de Garantías Ada Zunino. La causa involucra a 27 personas imputadas por un fraude cometido con la financiera trucha Ríos & Asociados SA. Los acusados llegaron a obtener $513.318.730 y 510.131 dólares.
La financiera funcionaba en un local ubicado en la Avenida Bicentenario al 1330 de la cuidad de Salta y cobró notoriedad en los primeros meses de 2022 por la masiva concurrencia de personas al lugar y porque se comentaba que del “negocio” participaban miembros de la Policía y el Servicio Penitenciario.
La investigación determinó que las personss entregaban sus vehículos o comprometían sus sueldos con préstamos personales para invertir en la financiera con la promesa de que obtendrían márgenes de ganancias insuperables si se las comparaba con las tasas oficiales. Los genios de las finanzas aseguraban a los desprevenidos inversores que todo era posible porque ellos operaban en el mercado bursátil y con criptomonedas, entre otros instrumentos financieros. Es más, los imputados suscribían un contrato de inversión por cada operación aparentando legitimidad con la firma de un supuesto presidente del ente societario.
La fiscalía definió a la maniobra de la financiera como “una estafa piramidal”: ofrece altos retornos en corto plazo utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos. El sistema funciona al principio hasta que dejan de ingresar nuevas víctimas y el esquema colapsa ya que nunca existió un verdadero mecanismo para generar beneficios, ni ganancias. Se trata del llamado “Esquema Ponzi”. La investigación del Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que la constitución de 849 contratos permitió a los ahora acusados obtener $513.318.730 y 510.131 dólares.
En el pedido de elevación a juicio, la fiscal Salinas Odorisio asegura a la jueza de que es evidente la existencia de los delitos de «estafas reiteradas, falsedad de instrumentos privados», en un total de 849 hechos, así como la responsabilidad penal de las personas imputadas. El detalle de las acusaciones es el siguiente:
Cynthia Elizabeth del Valle Moya, acusada por estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado en calidad de jefa organizadora del delito de asociación ilícita.
Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, por estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado (849 hechos) y asociación ilícita.
Javier Maximiliano Juárez, por estafa (un hecho) y falsedad de instrumento privado (un hecho), y asociación ilícita. Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez, por asociación ilícita y abuso de autoridad. María Eugenia Espinosa, por asociación ilícita y peculado. Alberto Sebastián Giménez, asociación ilícita. Nidia de los Ángeles Valdéz, por encubrimiento por ocultamiento de dinero, agravada por su condición de funcionaria pública. Emanuel Jonathan Pardo Tárraga, por violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravada por su condición de funcionario público. Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta, por encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito, agravado por actuar con ánimo de lucro.
