Lo hizo la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, mediante una denuncia presentada a la Fiscalía Embarcación.
En la misma pidió que se investiguen las responsabilidades de violencia de género, violencia psicofísica, abuso sexual y femicidio, a partir de las que resultan víctimas niñas, adolescentes y mujeres de comunidades originarias de distintos pueblos indígenas -mayoritariamente Wichí – que habitan San Marín y Rivadavia.
Según el escrito, se tomó conocimiento de los hechos a través de áreas actuantes bajo la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena del INAI. “La gravedad de los acontecimientos es inusitada; no se trata de hechos aislados sino que se enmarcan en una forma de violencia sistemática a consecuencias de las desigualdades y de racismo estructural, sumado a que muchas de las denuncias no han sido debidamente investigadas, sino más bien silenciadas con conductas coactivas desplegadas hacia las denunciantes / tutores / familiares / autoridades tradicionales de las comunidades con el propósito de que a los actores materiales del delito no se le aplique sanción penal”.
La titular del INAI expresó que la denuncia que realizó es “en consonancia con la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales” y que la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades es una política de Estado”.
Odarda puntualizó específicamente uno de los casos de abuso sexual sufrido por una niña perteneciente a la Comunidad Indígena La Puntana, del Municipio de Santa Victoria Este, a la vez que aseguró: “resulta intolerable que en la actualidad se sigan llevando adelante prácticas aberrantes de abuso sexual como el “Chineo”.