Cuatro entidades demandan a los poderes provinciales por la falta de reglamentación de la norma promulgada en 2019. La acción judicial busca garantizar el derecho ciudadano a la información pública y establecer mecanismos efectivos de reclamo.
Organizaciones de la sociedad civil han presentado una acción de amparo ante la Corte de Justicia de Salta contra todos los poderes de la provincia, denunciando la falta de reglamentación e implementación de la Ley Provincial Nº 8.173 de Acceso a la Información Pública. Esta normativa, que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.275, fue promulgada en 2019 pero aún no ha sido puesta en marcha efectivamente, lo que impide a los ciudadanos ejercer plenamente su derecho a acceder a la información pública.
La iniciativa legal fue impulsada por un conjunto de asociaciones, incluyendo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), el Centro Comunitario ALFA de la Fundación Proyectar, la asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentinos en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y Salta Transparente. Estas organizaciones argumentan que la falta de implementación de la ley obliga a los ciudadanos a recurrir frecuentemente a la vía judicial para obtener información pública, enfrentando numerosos obstáculos en el proceso.
Gonzalo Guzmán Coraita, editor de la web Salta Transparente, explicó a la prensa que la reglamentación de la ley implicaría la creación de una agencia de acceso a la información pública encargada de supervisar su cumplimiento. Esta entidad tendría la facultad de intimar a los organismos y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Además, se establecerían canales de comunicación digitales para facilitar las solicitudes de información, evitando trámites presenciales que resultan especialmente complicados para residentes de localidades alejadas de la capital.
La falta de implementación de la ley no solo dificulta el acceso a la información, sino que también impide la publicación proactiva de datos relevantes como nóminas de personal, sueldos, contrataciones y ejecución presupuestaria en las páginas oficiales de los organismos públicos. Los demandantes esperan que la acción judicial impulse la reglamentación de la ley, derribando obstáculos y estableciendo sanciones para los funcionarios que no cumplan con la norma, fortaleciendo así la transparencia y el acceso a la información pública en la provincia de Salta.
