Uno de ellos es David Leiva, el letrado que reside en la ciudad de Orán y que fuera pieza clave para enjuiciar a los represores salteños de la última dictadura militar.
Siguen las repercusiones por el despliegue de efectivos militares en la frontera norte con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico. La llamada Operación Roca supondría la movilización de 10 mil efectivos del ejército hasta el 15 de diciembre y de ese total, caso 2 mil se abocarían de manera permanente en varias localidades fronterizas de salta, Formosa y Corrientes.
Para ayer se preveía el arribo de entre 1.600 y 1.900 militares a Tartagal, aunque nadie de la zona pudo presenciar la llegada. No obstante, siguen alzándose las voces en contra de la operación que requirió de una serie de resoluciones y decretos que atentan contra las leyes vigentes al respecto. Ya lo hicieron organismos de derechos humanos, movimientos sociales y partidos de izquierda.
Ayer fue el turno de los abogados David Leiva y Oscar Rodríguez, reconocidos por su constante trabajo con los organismos de DDHH para esclarecer los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y enjuiciar a los responsables. En un documento titulado «La democracia como sus instituciones están en peligro», advirtieron sobre los peligros que se corren con operaciones de este tipo. Para llegar a esa conclusión analizaron el decreto ley 1112/24 de Sistema de defensa nacional y otra normativa, la ley 23.554 de defensa nacional; el decreto 727/06 que la reglamentó; la ley 24.059 de seguridad interior y la ley 25.520, de inteligencia nacional.
En el escrito que fue difundido por las redes sociales, Leiva y Rodríguez aseguraron que el gobierno nacional tergiversa la legislación. «Se está desarrollando una lógica que necesariamente lleva a una profundización de la persecución penal sin límites. La deriva es de alcances impredecibles. Obsérvese que se habilita que se ejerza inteligencia interna a través del ejército en zonas rurales, prohibidas por ley». A su vez, «esta construcción tiene la lógica de una declaración de guerra, con todo lo que ello habilita; sin guerra declarada, sin enemigo extranjero ubicado, con lo cual se volverá indefectiblemente en contra del pueblo argentino», alertaron.
«Lo que se está disponiendo es un aparato represivo nacional que arrancó con el protocolo Bullrich, y avanzó hasta esta inaceptable construcción ilegítima que, sin duda, debido a la injerencia militar reforzará la represión interna del pueblo argentino» y subrayaron el peligro que supone desplegar estas medidas que «con un simple decreto ley avanza sobre facultades otorgadas» al Consejo de Seguridad Interior.
Finalmente, cuestionaron el artículo 13 del decreto 1112/24 que organiza el país en «Áreas Estratégicas para Planeamiento Militar Conjunto para facilitar la planificación y preparación de futuras operaciones militares”. «Ya tenemos toda una historia acerca de la repartición del territorio nacional en áreas», recordaron en referencia a la cuadrícula establecida por las fuerzas armadas durante la última dictadura. «La injerencia ilegítima militar no puede ser más clara. Todo el país controlado por las fuerzas de seguridad y por las fuerzas militares, mientras se somete al pueblo a situaciones de indigencia», afirmaron Rodríguez y Leiva.
