La entidad civil Protectora inicia una acción legal contra la empresa de energía por presuntas violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor. Los reclamos apuntan a intereses excesivos y tasas ilegales cobradas durante más de una década.
Una controvertida situación se desata en torno a los cobros realizados por Edesa, la empresa proveedora del servicio eléctrico en la región. Protectora, una reconocida ONG de defensa de los consumidores, ha promovido una acción colectiva que derivó en un juicio sumarísimo para dilucidar los reclamos indemnizatorios.
Según las denuncias, Edesa habría facturado intereses moratorios y punitorios a usuarios no residenciales, como comercios, pymes e industrias, desde el año 2009 hasta 2020. Estas prácticas presuntamente violaron el tope legal establecido en el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor 24240.
La demanda también solicita declarar ilegales los cobros de la Tasa de Fiscalización y Control del 2%, que Edesa aplica a los usuarios por cuenta y orden de COSAySA en las facturaciones unificadas con el servicio de Aguas del Norte.
Presentada por el apoderado de Protectora, Daniel Paganetti, la acción legal exige que Edesa reintegre los montos indebidos a cada titular afectado, incluyendo el capital, intereses legales y una indemnización del 25% según lo estipulado en la Ley de Defensa del Consumidor. Además, se solicita la imposición de una multa civil a favor de los usuarios damnificados, conforme a la gravedad de los hechos expuestos.
