Claudio Ferrari dice haber comprado los terrenos que de ser cercados separarán las comunidades originarias de Misión Chaqueña y Carboncito. Teme enfrentamientos.
El finquero Claudio Ferrari contrató trabajadores indígenas para instalar los postes que permitan alambrar el lugar, aunque otros indígenas se encargaron de retirar los mismos para evitar que la alambrada separara las comunidades indígenas de Misión Chaqueña y Misión Carboncito, a las que se llega por la ruta provincial 53 de Embarcación.
Ferrari asegura que compró una franja de 900 hectáreas que reclama al menos desde el año 2023. Ahora las tensiones volvieron a activarse con referentes de las comunidades como Balducho Villafuertes y Marta Herrera que fueron denunciados por haber extraído los postes. “Yo solo fui a alcanzar el agua a las mujeres que fueron hasta el lugar para impedir que continúe el alambrado”, declaró el primero a la sección local del diario Página 12.
Según el mismo medio, a mitad de la semana pasada las mujeres fueron hasta el lugar para sacar los postes y fueron acusadas de comenzar un incendio que ellas atribuyen a los hombres que están trabajando para quien dice ser el titular registral.
“El hecho es que entre 1970 y 1980, la Iglesia Anglicana donó estas tierras a las comunidades Misión Chaqueña y Carboncito. Luego de la reforma de la Constitución Nacional, se continuó con la entrega de las tierras, pero enmarcándolas en el artículo 75, inciso 17 de la Carta Magna, que reconoce su preexistencia de los pueblos originarios, además de la posesión de tierras ocupadas tradicionalmente”, destaca el medo citado; para luego agregar lo siguiente: “en los relevamientos realizados en el marco de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (derogada por el presidente Javier Milei), la franja en disputa quedó fuera de las carpetas técnicas. Especialistas en litigios que involucran territorios de uso ancestral afirmaron que, aún así, las tierras deberían ser reconocidas como parte del territorio originario”.
“Es una lonja que tiene unas 900 hectáreas y quedó en manos de un titular registral”, indicó Ariel Sánchez, subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia.