El jefe comunal de Aguas Blancas recibió en 2022 una condena de prisión en suspenso e inhabilitación por abrir en 2016 un paso no autorizado hacia territorio boliviano desde su municipio, limítrofe con ese país. Si bien la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar la pena, confirmó la sentencia por el ilícito.
La Sala I del tribunal con asiento en la Capital Federal hizo lugar parcialmente a los cuestionamientos de la defensa del intendente de Aguas Blancas, Sergio Gerardo Oliva, respecto de la magnitud de la sanción dictada por el juez federal de Tartagal. El intendente había sido condenado a seis meses de cárcel condicional y un año sin poder ejercer cargos públicos.
Los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone coincidieron con el fiscal general Javier De Luca en que esa pena excedía lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (un mes de prisión suspendida y dos de inhabilitación) y el juez no podía apartarse del principio acusatorio sin violar el debido proceso.
La causa se inició en 2016 cuando Gendarmería Nacional alertó a Aduana sobre trabajos viales que la comuna realizaba para abrir una vía de acceso a la vera del río Bermejo, paralela al puesto fronterizo con Bolivia. Esa maniobra fue considerada la habilitación de un paso alternativo no autorizado.
El fiscal federal José Luis Bruno imputó entonces a Oliva por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. En septiembre pasado, el juez subrogante Julio Bavio lo condenó en un juicio abreviado. Aunque la obra fue anulada inmediatamente, se comprobó la intencionalidad ilícita.
Los jueces destacaron que pese a no lograr su objetivo, Oliva sabía que la ley prohíbe esas obras en zonas de seguridad nacional sin permiso de la Comisión respectiva, por lo que actuó con «dolo directo». Además, el paso habilitado conectaba sin control aduanero con una parada de taxis bolivianos.
