La comisión de investigación encomendada por el Concejo Deliberante halló irregularidades en el pago del Programa Mosconi Avanza. Serían $18 millones anuales en juego y se acusa a 3 empleados de la municipalidad.
Todo se inició con la investigación derivada de la bancarización ordenada por el intendente de Mosconi, Isidro Ruarte. Entonces saltaron irregularidades en el programa mediante el cual se pagaba salarios a planilleros que no son planta permanente.
Previo a la bancarización de los pagos a través del Banco Macro, el programa registraba liquidaciones de $3.227.195 mensuales, mientras que luego de la intervención bancaria los pagos se redujeron a $2.074.835.
Esto llamó la atención del Concejo Deliberante de General Mosconi y conformaron una comisión integrada por los ediles Norma Cabral, Karen Rodríguez, Juan Pablo Brito y Esteban Vargas, quienes llevaron a cabo la investigación ante la denuncia de la concejal Ana Palma.
Finalizadas ya las tareas en un informe que emitieron los ediles, se concluyó que «hubo existencia de irregularidades en la confección de planillas de beneficiarios, adulteración de datos de beneficiarios incorporados en las planillas, uso indebido de datos personales, irregularidades en la entrega de ayudas económicas, irregularidades en los procesos de entrega de sumas de dinero para efectivizar pagos a beneficiarios por parte de Tesorería e inexistencia de procesos administrativos para ejecución del Programa Mosconi Avanza».
Es así que la suma que estimaron como parte de lo que se quedaron, está calculada en un aproximado de 18 millones de pesos acumulados en el último año. Así lo informó Nuevo Diario, indicando que tuvieron acceso al informe de los concejales de Mosconi.
En estas maniobras estarían involucrados tres empleados de la Municipalidad de General Mosconi: Héctor Acosta, Sergio López y Noelia Barrios, a quienes el propio Ruarte les habría cedido la potestad de llevar adelante la ejecución del programa. Entre las pruebas que reunieron los ediles, se encuentran testimonios por parte de vecinos y empleados municipales que dan cuenta de la irregularidad en cómo se manejaron los fondos del programa.
