Una jueza de Tarija libró órdenes de aprehensión contra miembros de la comunidad Tape Iguapegui de General Mosconi, acusados por cañeros bolivianos de daños y turbaciones. Los suelos en disputa fueron reconocidos como argentinos por el INRA y la Cancillería de Bolivia.
Una nueva causa penal abierta en un juzgado de Tarija contra integrantes del pueblo ava guaraní de General Mosconi (Salta) mantiene acorralados a referentes de la comunidad Tape Iguapegui, en la banda fronteriza del río Grande de Tarija, a raíz de denuncias presentadas por cañeros bermejeños encabezados por Horacio Ruiz Castro.
El 6 de enero, la jueza Minerva Tárraga Gutiérrez libró un mandamiento a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para aprehender y conducir ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres a la cacique Natalí Vásquez y a Vanesa Aleman, de la comunidad de Churqui, declaradas en rebeldía. El 21 de abril, la fiscal tarijeña Janeth Soliz Torrez reiteró ante la FELCC el pedido de detención en el marco de una nueva ofensiva cañera sobre esos territorios.
«No solo avanzan con plantaciones ilegales de caña de azúcar y atropellan nuestros derechos, sino que nos vemos nuevamente impedidos de poder acceder a alimentos y asistencias por problemas de salud, porque la única salida que tenemos es por rutas de Bolivia», remarcó Vásquez, cacique de la comunidad Tape Iguapegui.
La acusación se produce pese a que una denuncia similar iniciada en 2020 fue desestimada a fines de 2024 tras informes del INRA y la Cancillería boliviana que determinaron que las tierras reclamadas por los cañeros pertenecen a la Argentina. Según publica El Tribuno, el 4 de octubre de 2024 el Ministerio de Seguridad de la Nación envió fuerzas federales a la zona, que constataron la usurpación de catastros rurales del departamento San Martín y el desmonte ilegal de áreas selváticas con plantaciones irregulares de caña de azúcar.
«Desde hace años esperamos que se instale aquí un puesto permanente de Gendarmería Nacional para protegernos y controlar esta olvidada frontera, pero cada vez que denunciamos los atropellos vienen, recorren los cañaverales y se retiran. Cuando ven a las fuerzas federales argentinas llegar, los usurpadores desaparecen y luego regresan para seguir cruzando caña de azúcar desde las plantaciones ilegales como si nada», cuestionó Vásquez.
Desde esos cañaverales se trasladan a Bolivia aproximadamente 150.000 toneladas de caña por zafra, en un contrabando denunciado ante organismos del Plan Güemes, la Justicia Federal, la AFIP —hoy ARCA— y la Dirección General de Aduanas. El primer antecedente de la avanzada cañera data de 1994, con denuncias por remoción de hitos; en 2014, Gendarmería, AFIP y Aduanas ya habían detectado un contrabando de 70.000 toneladas de caña de azúcar en la misma franja territorial.