Una edil presentó la acusación ante el Ministerio Público Fiscal y la Auditoría General tras detectar irregularidades en la nómina de empleados. Señala que 63 de 99 personas registradas como personal del Concejo no realizan tareas conocidas.
La concejal Margarita Rauch, del bloque «Julieta Yurovich», formalizó una denuncia penal contra Armando Leguizamón, presidente del Concejo Deliberante de Tartagal, por presunto tráfico de influencias. La presentación se realizó el 18 de julio ante el Ministerio Público Fiscal de Salta y el 28 de julio ante la Auditoría General de la Provincia.
La acusación se basa en el descubrimiento de una planilla con 99 personas registradas como personal y dependientes del Concejo Deliberante, de las cuales se desconocen las funciones de 63. Rauch sostiene que esta situación «configura el delito de tráfico de influencias, ya que utiliza el trabajo como moneda de cambio de favores políticos», según el texto de la denuncia presentada.
La irregularidad salió a la luz cuando Leguizamón había presentado inicialmente un listado de 86 empleados que «trabajan» en el Concejo, elaborado por la Secretaría de Gobierno en mayo de 2024. Sin embargo, la concejal Silvia Zabala obtuvo posteriormente la planilla más extensa que motivó la denuncia. Rauch indicó que se trata de «gente que cobraba por ventanilla» y que «responde a ciertos concejales».
La edil también cuestionó el manejo presupuestario del organismo, del cual aseguró desconocer los detalles desde hace 18 meses pese a los pedidos de informes. Recordó que en enero se aprobó un presupuesto de 910 millones de pesos para el Concejo, pero aun así «se estuvo a punto de despedir a gente argumentando que no había plata», según informó FM Alba.
