Mujeres wichí bloquearon el camino tras detectar trabajadores de Claudio Ferrari desmontando y quemando monte nativo. La comunidad cuenta con relevamiento georreferenciado mientras el empresario nunca presentó documentación que acredite propiedad de las tierras.
Este martes, decenas de mujeres de la comunidad wichí de Misión Chaqueña bloquearon el camino de acceso al territorio tras detectar un nuevo ingreso de trabajadores al servicio del empresario salteño Claudio Ferrari. El grupo derribaba árboles y quemaba monte para delimitar una zona que el empresario reclama como propia, pese a que la comunidad cuenta con relevamiento georreferenciado y registro de Asuntos Indígenas.
El conflicto comenzó en enero de 2023, cuando trabajadores enviados por Ferrari abrieron picadas, derribaron árboles y colocaron postes para alambrar una porción del monte que rodea a esta comunidad de 2.000 habitantes, ubicada a 48 kilómetros de Embarcación. Ferrari sostuvo haber comprado esas tierras pero nunca presentó documentación. La comunidad respondió con un acampe permanente.
«Fuimos tres veces a la comisaría, pero nos mandaban a la fiscalía de Embarcación. Y allá tampoco nos quisieron atender. Así que desistimos», explicó Marta Herrera en diálogo con ANCAP y ANRed. «En ese momento éramos treinta mujeres defendiendo el monte. A Ferrari solo lo veíamos pasar en su 4×4 con vidrios polarizados. Nunca quiso hablar. Después supe que nos había denunciado», agregó. Herrera recordó que estas tierras siempre pertenecieron a la comunidad y mencionó que una iglesia anglicana había comprado parte del monte para donarlo a Misión Chaqueña.
Balducho Villafuerte, referente comunitario, relató el origen del conflicto: «A finales de 2023, Ferrari se presentó en nuestro territorio. Fue a mi casa y me dijo: ‘Mirá, Balducho, vamos a ser vecinos, porque compré estas tierras que están acá al lado’. Yo me quedé sorprendido. Más allá de que no tengamos títulos, estas tierras ancestralmente siempre han sido nuestras». Sobre el futuro de la comunidad, advirtió: «Nos preocupa lo que viene para las generaciones. Esta gente llega a destruir a las comunidades: traen alcohol, drogas, después la prostitución de les niñes. Por eso estamos luchando».
Juan Carlos Vega, abogado que acompaña a la comunidad, señaló que existe «una clara connivencia entre la usurpación y sectores del poder judicial». El letrado explicó que la comunidad cuenta con carpeta técnica y relevamiento georreferenciado, mientras que Ferrari «no tiene nada». «Ingresó como un usurpador, para quedarse con las tierras. No lo vamos a permitir. La fiscal Souto está cometiendo un delito flagrante. Estamos investigando qué papeles presentaron para habilitar esta maniobra», afirmó.
Según informó ANRed, tras el bloqueo del martes, llegaron alrededor de cincuenta agentes policiales en camionetas y motos para exigir que levantaran el corte y que se presentaran ante la fiscalía. «Decidimos preservarnos y no ir. Están en contra nuestra. No nos toman la denuncia y ahora quieren que vayamos, pero escoltadas por la policía», denunció Herrera. La comunidad descubrió además un campamento clandestino que Ferrari montó en el monte, donde trabajadores dormían sobre cartones cubiertos con plásticos. Según relataron, algunos empleados advirtieron que el empresario enviaría sicarios para garantizar el alambrado del territorio.
La organización Greenpeace alertó recientemente que en lo que va de 2025 se deforestaron casi 11.000 hectáreas en Salta. En un informe reciente, la organización denunció que la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia viola la Ley Nacional de Bosques, habilita desmontes en 720.000 hectáreas, legitima desmontes ilegales sin exigir restauración, permite intervenir bosques antes protegidos, fragmenta hábitats de especies amenazadas como el yaguareté y se realizó sin consultar a las comunidades indígenas.
