El proyecto para intervenir el municipio a cargo del jefe comunal imputado por el millonario robo de caños de un gasoducto seguirá congelado. «Sáenz no quiere la intervención a Aguaray», afirmó el experimentado legislador.
Se sigue dilatando el tratamiento del proyecto del diputado de Rivadavia, Ramón “Rana” Villa. El mismo pide la intervención del municipio del norte provincial luego de que en marzo pasado saliera a la luz el robo millonario de caños del Gasoducto del Noreste que atraviesa el territorio de Aguaray e involucra al jefe comunal del lugar: Jorge Enrique Prado.
Varios descontaban que hoy finalmente se debatiría la iniciativa por aparecer la misma en el acta de labor parlamentario de hoy. No obstante, en comunicación con FM Capital, el diputado Manuel Santiago Godoy aseguró que «aunque así lo indique el acta de labor parlamentario, no va a salir porque no lo quiere el oficialismo, la mayoría del ejecutivo provincial no lo quiere tratar», para rematar que el gobernador «Sáenz no quiere la intervención de Aguaray».
CUARTO informó ayer que una de las maniobras dilatorias que ejecutó el oficialismo parlamentario para esquivar el tratamiento del proyecto fue pedir informe a la Fiscalía sobre el estado de la causa, algo que el Ministerio Público Fiscal giró a la legislatura el 9 de junio pasado con la firma del Fiscal Coordinador de la causa: Eduardo Villada.
“El hecho que les imputa el Ministerio Público Fiscal [A Prado y a su secretario de gobierno de apellido Céspedes] consiste en que Prado en su calidad de intendente de Aguaray autorizó la sustracción de caños pertenecientes al Gasoducto GNEA que pasan por el territorio de su municipio. Para ello el intendente emitió en fecha 23 de diciembre del 2019 la Resolución 1215/19 suscripta por Cespedes, a través de la cual otorgó a la empresa OSYP S.A., representada por Diego Andrés Alos, la desafectación de los caños autorizando el desarme, traslado y remediación ambiental para la recuperación del remanente del terreno contaminado, estableciendo un plazo de 60 días para que la empresa proceda a llevar adelante el proceso de saneamiento ambiental, cabe destacar que dicha resolución fue emitida en respuesta a una solicitud realizada por el presidente de la OSYP S.A. de desafectación y extracción de cañerías de petróleo de gasoducto en desuso y abandonados”, dice la segunda foja del informe remitido por el fiscal a la diputada Villamayor.
A continuación, Villada precisa que el día 18 de mayo, 0pel intendente y su secretario de gobierno fueron notificados formalmente del delito que se les imputa: “Fraude en perjuicio de la Administración Pública y robo”, al tiempo que ese mismo día se le celebraron las siguientes medidas de coerción: la obligación de someterse el proceso, abstenerse de entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país. Lo que Villada evitó responder en nombre de la prudencia, es la estimación del daño o perjuicio provocado por el presunto ilícito. Sí aclaró que el Ministerio Público dio intervención a la empresa del estado IEASA S.A. para que constate si los daños pertenecen al gasoducto GNEA que desde el año 2017 denuncia sustracción de caños”.
