Se trata de Héctor Ramón Barraza, de Orán. Recibió la pena de dos años de prisión en ejecución condicional. La víctima era una menor de 17 años que le fue a pedir trabajo y terminó abusada sexualmente.
Barraza era un comerciante de colchones antes de convertirse en concejal. Lo último ocurrió a fines del año 2019 tras protagonizar una campaña electoral en la que pedía evitar que se «sacara» a Dios de las instituciones y prometía asumir «el compromiso» de involucrarse políticamente para «recuperar el camino de los buenos valores en la comunidad». Todo eso quedó en puro discurso, pues sus acciones lo condenaron posteriormente.
Fue denunciado el 26 de enero del año pasado por el padre de una menor de 17 años que luego de una entrevista de trabajo con el acusado en la localidad de Pichanal sufrió el abuso por parte de Barraza, quien ocupaba ya una banca como Concejal Municipal de la ciudad de Orán.
Hoy culminó el juicio en su contra. El juez Mario Maldonado, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, le impuso por el término de dos años la obligación de fijar domicilio, no cometer nuevo delito. Además, tiene prohibido acercarse a la victima a su domicilio y a los lugares que ella frecuenta y abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica en su contra. Por último, deberá someterse al control y cuidado del Patronato de Presos y Liberados.
En caso de incumplir alguna de las medidas, podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta, que sería de cumplimiento efectivo. Además se dispuso la extracción del material genético del condenado y su posterior incorporación en el Banco de Datos Genéticos. Barraza fue absuelto del delito de privación ilegitima de la libertad por el que también había sido acusado, por aplicación del principio “in dubio pro reo”.
