En el programa Cuarto Oscuro (FM La Cuerda 104.5) el legislador valoró la medida del Fiscal como el paso previo a “cajonear” la causa. La misma se basa en datos suministrados por un organismo del Estado durante el gobierno del propio Urtubey.
En base a un pedido de informe solicitado en su condición de diputado a la Dirección General de Aviación Civil en septiembre del año pasado, Héctor Chibán denunció ante la justicia el “uso y abuso” que el ex gobernador Juan Manuel Urtubey realizó de los aviones de la provincia.
“Yo pedí un informe detallado de los días, horas y lugar de las partidas y arribos de los aviones y helicópteros y los pasajeros que transportaron. De ese informe voluminoso que incluía el periodo septiembre del 2018 a abril del 2019, surgió que el entonces gobernador había hecho uso y abuso de los mismos y con fines eminentemente particulares”, resaltó el diputado que precisó lo siguiente: “los aviones realizaron 4.700 vuelos a razón de 10 mil dólares el tramo Salta – Buenos Aires y Buenos Aires – Salta”.
Con esa información, Chibán introdujo la denuncia penal contra el ex gobernador el 9 de diciembre del año pasado. Desde entonces, enfatizó, la conducta de la justicia salteña es repudiable. “El primer decreto que saca el Fiscal de la Unidad Penal de Delitos Económicos Complejos, es prohibiéndome el acceso al expediente. Este es el primer paso que siempre adopta la justicia a fin de cajonear la causa porque nadie la controla. Entonces se le prohíbe a cualquier persona, incluso al denunciante que es mi caso, ver el avance de la causa cercenándole la posibilidad de ver el expediente aduciendo que ‘no he acreditado el interés que tengo de leer el expediente’”, se indignó. Sobre el argumento esgrimido por el fiscal, Chibán resaltó que su interés es más que obvio: “el mandato constitucional que me impone la obligación de controlar a los otros dos poderes del Estado y el interés que está dado desde el momento en que soy denunciante”.
Puesto a valorar si la negativa del funcionario del ministerio Público cuenta con asidero jurídico, el legislador recordó que “el Código Procesal Penal dice que sólo las partes tienen acceso al expediente y yo no sería parte porque parte sería el imputado una vez que lo haya – todavía no lo hay – y eventualmente la provincia de Salta como damnificada que todavía no se puede constituir en querellante y actor civil porque no hay imputado. Entonces, la causa se encuentra en este limbo, pero repito: la Constitución de la provincia está por encima de todas las normas interiores e incluso de esta norma que invoca el Fiscal que tiene excepciones debidamente justificadas y esta es uno porque insisto: soy denunciante, soy diputado y la Constitución avala que ejerza control de los otros poderes del estado”, sentenció.
“Estamos convencidos de que el delito existe, no porque lo diga yo, sino porque cuento con información oficial suministrada por el mismo gobierno de la provincia de Salta, incluso cuando Urtubey era gobernador. Vamos a ir hasta el final”, adelantó el diputado de la UCR.