La Sala I del Tribunal de Juicio denegó el pedido de prisión domiciliaria a Alfredo Daniel Soto. El exfuncionario, condenado por peculado, permanecerá en la Unidad Carcelaria 1.
La justicia ha hablado una vez más en el caso del exintendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto. Recientemente se rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del exfuncionario. Soto, quien fue condenado el año pasado a cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua por dos hechos de peculado en perjuicio de la Municipalidad de Iruya, deberá continuar cumpliendo su sentencia en la Unidad Carcelaria 1.
La defensa de Soto argumentó problemas de salud mental y la necesidad de asistir a su esposa y nieto como razones para obtener el beneficio del arresto domiciliario. Sin embargo, el tribunal no encontró justificación suficiente en estas circunstancias para conceder la solicitud. Una revisión médica ordenada por los jueces concluyó que la salud del exintendente no se encuentra en riesgo grave y que puede recibir el tratamiento necesario dentro del centro penitenciario, factor determinante en la decisión del tribunal.
Además de denegar la prisión domiciliaria, el tribunal también rechazó otros pedidos de la defensa, incluyendo el cese de la prisión preventiva y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 574 del Código Procesal Penal. Los magistrados reafirmaron que la prisión preventiva es una medida respaldada constitucionalmente, cuyo propósito es asegurar la ejecución de la eventual condena y evitar que el acusado eluda la acción de la justicia.
