A esta situación hay que sumarle que se emitieron órdenes para desalojar a una persona que falleció hace meses. La jueza Carmen Juliá hizo todo mal.
La sección salteña del diario Página12 detalló el caso que tiene como protagonista a la jueza Carmen Juliá, quien está a cargo del juzgado de Primera Instancia de Personas y Familia de 2ª Nominación de Tartagal.
La jueza intimó a “Atilio Gómez a la efectiva entrega y desocupación personal y de todos los integrantes del grupo familiar o terceros, así como cosas y animales que se encontraren en el inmueble… en término de 10 días de notificación bajo apercibimiento de ley”.
En la intimación, según detallaron luego tiene al menos un par de errores groseros, el primero de ellos es el nombre, pues no sería Atilio, sino Cándido; y el segundo es que el intimado falleció hace 5 meses. Así lo expresó Marcela Carabajal, docente, ex intendenta de Morillo y nuera del encausado, quien falleció a los 91 años el 27 de junio pasado.
Además habría otras irregularidades en cuanto al terreno en disputa, pues Carbajal aseguró que su suegro fue engañado por el empresario Néstor Virgilio Cervera quien a través de una argucia legal, se quiere quedar con las tierras que no le pertenecen. En la tierra de Cándido quedaron con la producción de ganado mayor sus hijos y nietos. Tienen más de 300 animales.
Salta12 además detalla algo no menor: “Néstor Virgilio Cervera, el demandante de Cándido Gómez, es uno de los socios de Agropecuaria Cervera, y ex socio de la familia del saliente diputado nacional, Alfredo Olmedo, para explotar tierras fiscales a través de Salta Forestal, ubicadas en el departamento Anta”.
Qué dice la ley
Precisamente días atrás, el senado salteño aprobó la prórroga de la suspensión de los desalojos de familias rurales y pequeños productores. Según lo aprobado, se suspenden hasta 2021, las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1898 o 1899 del Código Civil y Comercial.
