El programa que asistía con una asignación mensual de $78.000 para quienes participan en actividades de formación y proyectos socioproductivos fue dado de baja por el gobierno nacional.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había anunciado que el programa sería interrumpido a partir de mayo y reemplazado por un sistema de “vouchers” voluntarios para capacitaciones laborales.
La situación dio un nuevo giro en el día de ayer. Una medida cautelar de la justicia federal de Campana ordena al gobierno dar marcha atrás con la decisión de recortar más de 900 mil planes sociales en todo el país. La emitió el juez Adrián González Charvay, quien le dio la razón a cinco referentes barriales que habían impulsado un amparo colectivo patrocinados por la UTEP en el marco de un plan de lucha que incluyó cortes en los accesos a capital y en las principales ciudades del país a principios de abril. El tribunal, además, le otorgó un plazo de 3 días hábiles para el cumplimiento bajo apercibimiento de multas diarias a los funcionarios responsables. La cautelar rige hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Las organizaciones sociales de Salta también celebraron la medida. Desde Libres del Sur manifestaron que el “logro es fruto de las ollas populares en los barrios y de las gestiones en la Cámara de Diputados. Sabemos que el Gobierno ofrecerá resistencia; por eso, nuestra respuesta es profundizar el compromiso: el derecho se conquista en la justicia, pero se defiende en la calle”, dice el comunicado.
En nuestra provincia, el ajuste afectaba a más de 52.000 familias salteñas, aunque la arbitrariedad no sólo castiga a los hogares. Los 4.114 millones de pesos mensuales que esas familias perdían afectaba el movimiento de las economías locales y al comercio barrial.